La investigación, paralela a la del caso Petrobras, está relacionada con el tríplex en el balneario de Guarujá
10 mar 2016 . Actualizado a las 22:51 h.La Fiscalía de Sao Paulo ha solicitado la detención preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por los presuntos delitos de blanqueo de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, según el texto de la acusación. Los fiscales alegan en la denuncia que es «imprescindible» ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.
Los investigadores de este caso sospechan que OAS habría entregado a Lula da Silva, ya investigado paralelamente en el caso de corrupción en Petrobras, apartamentos en Guarujá en pago de sobornos a cambio de contratos con la petrolera. Pero estos son dos casos distintos que coinciden en el inmueble. La Fiscalía de Sao Paulo solo acusa a Lula de haber ocultado este patrimonio, diferente a lo que se investiga en Curitiba: si el icono del PT habría recibido esta propiedad en pago de favores.
«Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte», informó el Ministerio Público en Curitiba el viernes, el día que Lula fue llevado a declarar.
La Operación Lava Jato, que investiga el fraude en Petrobras, es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a decenas de parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios de la petrolera y algunos de los principales empresarios del país. Se estima que la trama de corrupción habría costado unos 2.000 millones de dólares a la petrolera.
El Instituto Lula volvió a negar este miércoles que el exmandatario sea dueño de las propiedades bajo sospecha y tachó de «parcial» al fiscal Cassio Conserino, que lidera la investigación. «El expresidente Lula no es propietario ni del tríplex en Guarujá ni de la finca de Atibaia y no cometió ninguna ilegalidad. Presentó su defensa y documentos que lo prueban al fiscal Cassio Conserino», afirmó la fundación en un comunicado.
El abogado del expresidente, Cristiano Zanin Martins, afirmó que «esta acción solo confirma la parcialidad con la que el asunto está siendo conducido». La defensa alega además que existe conflicto de jurisdicción entre las justicias de Sao Paulo y Curitiba que investigan en torno a los mismos hechos.
En menos de una semana la figura del mandatario que conquistaba al mundo hace menos de una década se ha visto perseguida por la sombra de la corrupción, crispando más el ambiente político en un país que lleva meses de turbulencias. A la recesión económica, se suma una profunda crisis que tiene a la sucesora de Lula y ahijada política, Dilma Rousseff, ante la posibilidad de un juicio que la aparte del poder. La mandataria demostró su apoyo el sábado a su antecesor posando juntos en el balcón de la casa del expresidente en Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde el exgobernante se forjó como líder sindical. El día antes y con espíritu combativo, el hombre que dejó la presidencia del gigante sudamericano con un 80 % de aprobación, pronunció un enérgico discurso ante miles de militantes horas después de declarar ante la policía.
Su mensaje está fuertemente apoyado en el éxito de sus dos gobiernos, cuando millones de brasileños salieron de la pobreza y el Brasil vivía una década dorada empujado por el alto precio de las materias primas. Partidarios de Lula denuncian un complot de la «élite» y la prensa para evitar su probable candidatura a la elección presidencial del 2018. «Si me quieren derrotar, me tendrán que enfrentar en las calles de este país», afirmó el exmandatario. Mientras, sectores de oposición que piden la destitución de Rousseff convocaron para este domingo protestas que pretenden sean masivas en todo el país contra la mandataria y la corrupción.
Ante el clima de polarización política, los poderes públicos temen que puedan producirse enfrentamientos entre manifestantes pro-PT y opositores, como ya se registraron el viernes tras la declaración de Lula.