¿Son creíbles las acusaciones contra Lula o se trata de una campaña para apartar de la presidencia a Rousseff?
06 mar 2016 . Actualizado a las 10:29 h.¿Son creíbles las acusaciones de corrupción contra Lula da Silva o se trata, como aseguran sus seguidores, de una campaña política para apartar de la presidencia a Dilma Rousseff? Digamos que las dos cosas no son incompatibles.
Desgraciadamente, estando Petrobras por medio, las acusaciones de corrupción son verosímiles. La petrolera semipública estuvo en el centro del estirón económico brasileño, de la lucha contra la pobreza que hizo a Lula justamente célebre. Pero Petrobras también ha sido un agujero negro de mala gestión y corrupción que ahora amenaza con engullir el legado de Lula e incluso a él mismo. Porque la corrupción en Petrobras es una realidad incuestionable, incluso si lo suyo termina en nada.
El problema para Dilma Rousseff es que ella estaba a cargo de Petrobras en esos años. Durante su mandato la empresa pasó de ser la mayor del hemisferio sur a la más endeudada del mundo, de recoger en bolsa inversiones por valor de 70.000 millones de dólares -la mayor capitalización bursátil de la historia- a declarar, tres años después, pérdidas por casi el doble de esa cantidad. Para cuando Dilma dio el salto a la presidencia los auditores se negaban a firmar las cuentas de Petrobras y la empresa estaba al borde la quiebra técnica. El año pasado reconoció finalmente que 6.000 millones de dólares se han ido por el desagüe de la corrupción, pero los expertos creen que más bien rondarán los 20.000 millones. Es comprensible que la oposición reclame un proceso legal de destitución.
Comprensible pero también un tanto hipócrita; porque a pesar de que los medios se centran en la corrupción del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el escándalo alcanza también a otras fuerzas de la oposición. De hecho, la mayor parte de los sospechosos pertenecen al conservador Partido Progresista (PP). Curiosamente, los dos principales impulsores del proceso de destitución de Dilma, el presidente de Parlamento, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renan Calheiros, afrontan también investigaciones por corrupción y pertenecen además al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado centrista del gobierno. Si Dilma fuese depuesta por el Parlamento, la presidencia pasaría al vicepresidente Michel Temer, también del PMDB. Si este renunciase, pasaría sucesivamente a Cunha y Calheiros. Es difícil no sospechar de sus motivos.
Por eso es seguramente preferible que la investigación siga su curso y el sea el pueblo brasileño el que decida repartir castigos políticos en unas elecciones, y no un Parlamento en el que docenas de diputados están siendo investigados en estos momentos. En cualquier caso, Brasil se dirige a una catarsis dolorosa.