Disturbios con seis muertos en El Alto arrojan dudas sobre la reforma constitucional necesaria para optar a su cuarto mandato
20 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La campaña del referendo en el que los bolivianos decidirán si se modifica la Constitución para permitir un nuevo mandato de Evo Morales tocó a su fin con empate en los sondeos. Así, la incertidumbre de lo que digan mañana las urnas es máxima, y está acentuada por una popularidad en declive del primer presidente indígena de Bolivia y un trágico episodio el miércoles en el que murieron seis personas en el asalto e incendio del Ayuntamiento de El Alto, uno de los bastiones del mandatario.
El dirigente aymara hizo un llamamiento a la población, ante el gran número de indecisos, para que mañana acudan a votar si aprueban o rechazan una enmienda del artículo 168 de la Constitución -sustituir la expresión «una sola vez» por «dos veces»- que el permitiría optar a un nuevo mandato, que sería el cuarto. Morales llegó al poder en el 2006 y en el 2009 reformó la Constitución para poder ser reelegido, como así ocurrió. Ese año y cinco más tarde, ya que el Tribunal Constitucional sentenció que su primer mandato (2006-2010) no computaba porque Bolivia fue refundada en el 2009. El límite actual de la Carta Magna que le impide reeditarse una vez más, sin un claro delfín que pueda sucederle, es algo que «le quita el sueño», según confesó.
Vandalismo en El Alto
A principios de febrero, en plena campaña, saltó el escándalo del tercer hijo que Morales tuvo con una joven de 19 años que ahora es gerente comercial de la empresa china CAMC Engineering, que se adjudicó siete obras públicas por 560 millones de dólares. La corrupción salpicó a dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas leales. El presidente cuantificó en 2,5 millones de dólares el dinero desviado a cuentas privadas desde el Fondo Indígena, si bien una auditoría lo cifró en casi 183 millones. La popularidad de Morales ha venido cayendo conforme empezaron a saltar los casos de corrupción.
La tragedia de El Alto, ciudad gobernada por la opositora Soledad Chapetón, tras una marcha convocada por padres de familia para reclamar más atención para las escuelas alteñas que derivó en los actos vandálicos, se saldó con seis fallecidos por asfixia y unos 20 heridos. El jefe de la policía fue destituido, tras las quejas por la lentitud para contener a los vándalos, y hay siete detenidos. Entre ellos, dos dirigentes sindicales y políticos, cercanos al exalcalde oficialista Edgar Patana, hoy en la cárcel, e investigados por corrupción. La alcaldesa aseguró que su principal objetivo era quemar documentos que implicaban a exfuncionarios.