Las Américas: Entre Bergoglio, Evo y Maduro

La visita oficial del papa Bergoglio a México que ha dejado  mejor sabor de boca a la ciudadanía que a sus gobernantes, ocupó los titulares de media semana en el  nuevo continente. Los de la otra media se los llevaron Nicolás Maduro y las medidas económicas con las que el hasta ahora presidente de Venezuela pretende sacar al país del abismo en el que lo han sumido él y los suyos a lo largo de las dos últimas décadas y, en menor medida, Evo.


A CORUÑA

El jefe del pequeño pero poderoso Estado Vaticano y líder de la comunidad católica internacional, con el verbo ágil y contundente que le caracteriza, no se anduvo por las ramas y llamó por su nombre a los graves males que aquejan al país azteca: explotación laboral, salarios ínfimos,  pobreza y migración, que son el mejor caldo de cultivo para el narcotráfico y la violencia, los problemas más visibles del país.

A los que no dejó contentos fue a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa que intentaron, sin éxito, mantener una reunión privada con el pontífice. Para expresar su malestar dejaron vacíos los tres asientos que tenían reservados en primera fila en la misa del papa en Ciudad Juárez. Lo único que consiguieron fue hacerle llegar una carta, a través de los  jesuitas, en la que describen la crisis abierta en el país a raíz de la desaparición de los jóvenes estudiantes el 26 de septiembre de 2014, a manos de autoridades corruptas y criminales.

La Amnistía

En Caracas, Nicolás Maduro y los suyos han generado un cúmulo de noticias importantes a lo largo de la semana, pero ninguna de ellas permite abrigar esperanzas de que las cosas vayan a empezar a cambiar para mejor en el país. Más bien se teme todo lo contrario.

El martes, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera lectura una Ley de Amnistía presentada por la mayoría opositora como un paso fundamental para empezar a caminar hacia la reconciliación nacional. Una ley que para la  minoría chavista en la cámara es «una aberración jurídica y política» y, según su portavoz, «la llave para que se abran todas las cárceles y salgan los 50.000 presos que existen en el país».

Un Henry Ramos inspirado y contundente, no sólo no los desarmó dialécticamente, sino que  logró que Diosdado Cabello, su antecesor en la presidencia, se estrenase como orador en la nueva Asamblea, que perdiese los estribos y advirtiese, una vez más, que no van a permitir la aplicación de una ley que, de entrada, posibilitará la excarcelación de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y cerca de un centenar de presos políticos más, así como la vuelta de otros muchos que se han visto obligados a salir del país para evitar la cárcel por razones políticas.

Las intenciones gubernamentales ya habían quedado claras el día anterior al celebrarse por fin -había sido suspendida antes, una docena de veces desde su detención hace un año- la audiencia judicial preliminar en el caso Ledezma,  en que se formularon contra él cargos por conspiración contra el gobierno de Maduro, que le pueden costar 16 años de cárcel.

Como la mayoría opositora no puede dar marcha atrás en su empeño por sacar adelante una ley que era su principal compromiso electoral y Maduro ya se encargó en su momento de nombrar un poder judicial a su medida, la aplicación efectiva de la ley es más que dudosa, ya que los carceleros y los policías dependen del poder ejecutivo, no del legislativo. 

El nuevo régimen petrolero-militar

¿Quién evitará el inminente choque de trenes? Si en algún momento alguien pensó que esa confrontación institucional solo podrían pararla los militares, otra reciente decisión presidencial: la creación por decreto de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y del Gas)  de la que casi todo el mundo se enteró por la Gaceta Oficial, no apunta en tal sentido. 

Esa vuelta a los cuarteles de los militares venezolanos anunciada por Maduro hace un par de meses pareciera que avanza, pero en sentido contrario. Ahora ya se habla en el país del nacimiento del «régimen petrolero-militar» con el actual  ministro de Defensa Padrino López como presidente de facto, ya que la nueva empresa pública, según el decreto, no le rendirá cuentas al ministro del Petróleo sino a él.

El paquetazo 

Pero la cosa en Venezuela no ha quedado ahí. En la tarde-noche del miércoles (la madrugada en España), Nicolás Maduro, en una cadena nacional de cinco horas, cuatro de ellas de preámbulos y justificaciones, anunció el paquetazo con el que pretende afrontar la situación económica del país. 

Desde el viernes el litro de gasolina súper cuesta seis bolívares, un 6.085 % más y la normal, un bolívar: un 1.328,5 %  más. Pero que nadie se asuste porque sigue siendo la gasolina más barata del mundo y de lo más barato que se puede comprar en un país donde un café cuesta más de 100 bolívares. Son precios políticos que se mantuvieron inalterados desde hace 20 años y que estaban costando al erario público 12.500 millones de dólares anuales, cuando en la mayor parte de los países del planeta, la gasolina es una de las principales fuentes de ingresos del Estado. 

Este  paquetazo  también  incluye  el alza de los precios controlados de un centenar de productos y servicios.  Precisó Maduro que los nuevos precios se establecerán «en base a costes reales», con lo que vino a reconocer que lo que eufemísticamente se venía llamando «precios justos», eran en realidad precios políticos. Para dicho ajuste anunció la creación de un Estado Mayor, eso sí, dirigido por un civil: el empresario Miguel Pérez Abad,  nuevo vicepresidente de Economía Productiva. A mayor abundamiento, devaluó el bolívar para alimentos y medicinas un 63 % en relación al dólar. Todo ello con una inflación acumulada del 180 % en el 2015 y una contracción del PIB del 5,7 %, a la que no es ajena la caída del 90,7 % de los ingresos petroleros. Como premio de consolación también anunció un incremento del 20 % del salario mínimo.

 La  prórroga de Evo en manos de los indecisos 

Los bolivianos acuden hoy a las urnas para decidir si aceptan que Evo Morales se presente a una cuarta reelección a partir del año 2019, para seguir en el cargo hasta el 2025. Las encuestas dan un empate técnico entre el sí y no.  El elevado porcentaje de abstencionistas e indecisos serán al final los que decidan.

El primer presidente indígena del país y del continente cuenta a su favor con una incuestionable mejora de la economía boliviana, con crecimientos anuales de hasta el 6 %, avalada por organismos internacionales como el Banco Mundial, con datos objetivos como la disminución de la pobreza. Pero esta gestión económica está lastrada por la corrupción, el personalismo y los escasos avances sociales. 

La campaña duró tres meses y subió de tono hace un par de semanas, después de que la prensa revelara que el mandatario tuvo un tercer hijo con una joven de 19 años que ahora es gerente comercial de la empresa china CAMC Engineering, que se adjudicó siete obras públicas por un valor de 4.000 millones de bolivianos (560 millones de dólares).

La nacionalización de los hidrocarburos en el 2006, una de las principales medidas de Morales nada más llegar al poder, generó al Estado ingentes ingresos gracias a la venta de gas a Brasil y Argentina, pero con la caída de los precios del petróleo, a los que están indexados los de gas, esos beneficios han comenzado a mermar con rapidez.

La oposición ha mantenido un enfrentamiento encarnizado con el oficialismo en los últimos meses, y defiende que Morales no ha hecho sino recoger los réditos de medidas impulsadas por gobiernos anteriores. Además, los partidarios del no acusan al Gobierno de despilfarrar millones en iniciativas que no eran imprescindibles para el país -como un satélite, un enorme museo de regalos en el pueblo natal de Morales y cientos de canchas de césped artificial- en detrimento de inversiones en los precarios sistemas de salud y educación.

En su haber está también la inclusión de la inmensa mayoría indígena y mestiza -85 % de la población del país-, que antes no tenían acceso a los altos cargos del poder. En su debe, los opositores incluyen el deplorable estado de la Justicia, la legalización del trabajo infantil con 800.000 niños trabajadores en el país, los altos índices de violencia machista y contra la infancia y los ataques a la prensa.

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