El proyecto de ley fue presentado ayer en la Asamblea Nacional
05 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La oposición venezolana introdujo ayer en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, con la esperanza de que sea aprobado por unanimidad, incluyendo también los votos del chavismo, algo que se prevé muy difícil y que encamina al país hacia un nuevo conflicto de poderes entre el Parlamento y el Gobierno de Nicolás Maduro. La previsión es que el proyecto obtenga luz verde sin problemas en la Asamblea, dominada por la oposición, pero que el presidente la lleve ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado totalmente por el partido gobernante, y donde se la calificará de inconstitucional, según pronostica el director de la oenegé Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien se ha hecho cargo de la defensa de la mayoría de los aproximadamente 80 presos políticos que hay en el país.
La dificultad del Supremo para declarar ilegal el texto, sin embargo, es que la Constitución solo niega las amnistías a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, y ninguna de las personas condenadas o procesadas por hechos políticos desde 1999 [fecha de aplicación del proyecto] ha sido inculpado por un delito semejante. De hecho, Williams Dávila, proponente de la ley, aclaró que tampoco cubre a aquellos que hayan sido condenados por delitos como peculado o corrupción.
«Todo el país está esperando esta ley, que es una ley de unión nacional», señaló el diputado, agregando que una amnistía permitió al fallecido Hugo Chávez incorporarse a la vida civil tras dar un golpe de Estado un día como ayer, hace 24 años, y luego ser presidente.
Comisión de la verdad
Sin embargo, Nora Delgado, diputada por el PSUV, afirmó que «la ley no le interesa al pueblo» a pesar de que fue uno de los principales elementos de la campaña con la que la oposición le sacó casi 20 puntos de ventaja al partido gobernante en las elecciones de diciembre. Según los diputados del oficialismo, la iniciativa de la oposición es «una farsa» y pretende consagrar la impunidad. El chavismo persigue, en cambio, la formación de una comisión de la verdad que investigue las protestas que se registraron en 2014, en las que murieron 43 personas, más de 3.000 resultaron detenidas, y por las cuales inculpa a Leopoldo López, condenado el año pasado a 13 años de prisión en un juicio nacional e internacionalmente considerado como amañado. Mientras fue mayoría en la Asamblea, sin embargo, el oficialismo se negó sistemáticamente a debatir sobre el uso político de la justicia.
Lilian Tintori, esposa de López, señaló que su esperanza, y la de centenares de familias separadas por prisiones y exilios [la ley protegería también a más de 400 exiliados políticos] es que la ley salga adelante para permitir que el país inicie la reconciliación. La iniciativa se debatirá a partir de la semana que viene y se da por descontado que será aprobada en aproximadamente dos semanas.