El traslado de Lucero Guadalupe Sánchez López a la capital ha desatado una gran polémica
22 ene 2016 . Actualizado a las 07:47 h.El traslado de la diputada estatal Lucero Guadalupe Sánchez López a la Ciudad de México para declarar ante la fiscalía sobre sus presuntos lazos con el narcotraficante Joaquín «el Chapo» Guzmán ha desatado una ola de reacciones por la forma en que se efectuó la diligencia y el fuero del que goza la legisladora.
Sánchez López, integrante del Congreso del noroccidental estado de Sinaloa, declaró durante unas 20 horas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), a cuyas instalaciones fue trasladada anoche por policías federales.
Rubén Tamayo, abogado de Sánchez, dijo al salir de la Seido que su clienta fue dejada en libertad alrededor de las 19.00 hora local (02.00 hora peninsular española) tras ser informada de las pesquisas en su contra y de ejercer su derecho a reservarse su declaración, que presentará más adelante por escrito. El abogado defensor dijo que asistió en todo momento a la diputada, que fue tratada de forma respetuosa por el Ministerio Público.
La PGR indicó la noche del miércoles que el traslado de la legisladora desde Sinaloa a la capital se realizó «en cumplimiento de una orden de localización y presentación» emitida a raíz de una investigación que se le sigue por haber presuntamente ingresado con documentación falsa a la prisión del Altiplano para visitar a Guzmán.
La revista Proceso reveló el año pasado que Sánchez López fue a visitar al Chapo Guzmán con otro nombre al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue internado en febrero de 2014 y al que volvió el 8 de enero tras ser recapturado seis meses después de que se fugó de ese centro en julio pasado. Afirmó también que como fruto de una relación sentimental con Sánchez, líder del cártel de Sinaloa tuvo dos vástagos, Rubén y Anuel.
Sánchez, quien tiene fuero parlamentario, anunció el miércoles su separación de la fracción parlamentaria del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y acusó al Gobierno de montar un «show televisivo» por ligarla con el capo. Si bien la PGR argumentó que la orden contra Sánchez era de «presentación» y no fue propiamente un arresto, la forma en que fue ejecutada generó reacciones adversas en círculos políticos.
Guadalupe Carrizoza Cháidez, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Sinaloa, dijo que agentes federales interceptaron el miércoles a Sánchez al salir de su domicilio en Culiacán, la capital estatal, de una forma «arbitraria y violatoria al fuero». De acuerdo con Carrizoza, la diputada iba con sus dos hijos, uno de ellos de brazos, situación que no importó a los agentes, que la llevaron por la fuerza al aeropuerto. «Le dijeron que era una orden de localización y de presentación. Ella les dijo que con mucho gusto los acompañaba, pero que primero necesitaba ver el escrito, y un agente le contestó de manera grosera diciéndole que tenían órdenes de llevarla», apuntó.
Francisco Solano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, y Jesús Enrique Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, exigieron en nombre de la legislatura estatal que sean respetados los derechos humanos y el fuero de la diputada. «No pretendemos bloquear el cumplimiento de la ley ni (la labor) de los funcionarios encargados de procurar justicia en el país y en el estado», dijo a la prensa Solano, del PAN.
Por su parte, Hernández, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que el Congreso estatal no ha recibido notificación alguna para llevar a cabo un juicio de procedencia (desafuero) contra Sánchez. Aclaró que para que la legislatura local inicie dicho trámite debe existir un requerimiento de la PGR «por tratarse de la posible comisión de delitos federales».
Consultado respecto a la legalidad de la orden ejecutada contra la diputada, el abogado penalista Gerardo Navarro declaró que «el concepto que puede manejar la PGR es que está presentada para declarar, que es diferente a estar retenido, que tiene una connotación de imputación más directa». «Si la autoridad (...) encuentra elementos para proceder en contra de (...) una diputada, lo puede hacer, pero primero tiene que proceder al desafuero», abundó.
En medio del escándalo, el PAN aseguró la semana pasada que Sánchez no pertenece a esa agrupación, si bien aclaró que «contendió en 2013 en una candidatura común por el Partido Sinaloense, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), el PT (Partido del Trabajo) y el PAN».
Y este jueves el PAN ordenó abrir una investigación para determinar los argumentos por los que su división local respaldó la candidatura de Sánchez en las elecciones para el Congreso de Sinaloa en julio de 2013.