Suiza sigue el modelo danés y confisca los bienes a los refugiados

Quienes obtengan permiso de trabajo tendrán que abonar el 10 % de su salario hasta devolver un total de 13.725 euros


bruselas / corresponsal

Dinamarca dio el primer paso dentro de la Unión Europea al abrir el debate. Fuera del club de los 28, Suiza ha sido el primer país del Viejo Continente en ir un paso más allá y empezar a confiscar los bienes de los refugiados que recalan en su territorio. 

En el país alpino, el tercero más rico de Europa en términos per cápita, la principal preocupación no es el desempleo ni el terrorismo ni la corrupción. Es la inmigración. Quedó claro en los comicios generales del pasado año cuando la ultraderecha se granjeó el apoyo de casi el 30 % de los votantes ante el temor del electorado a perder su confortable Estado del bienestar. No necesitan debates parlamentarios ni tramitación de leyes. Disponen de una legislación adaptada para dificultar la entrada de inmigrantes y reducir su carga al mínimo.

La normativa actual permite a las autoridades requisar a los refugiados dinero en efectivo u otro tipo de activos en su posesión si superan los 915 euros, con el objetivo de costear su manutención y proceso de acogida. «Si alguien se marcha voluntariamente antes de siete meses, esta persona tiene derecho a recuperar el dinero y llevárselo. De lo contrario, el dinero servirá para pagar los gastos que genere», trató de justificar ayer un portavoz de la Agencia Estatal de Inmigración (SEM) tras el revuelo generado por un programa de la televisión suiza en el que se dio a conocer el caso de un refugiado al que las autoridades arrebataron la mitad del dinero en efectivo de su familia después de haber pagado a las mafias para alcanzar Suiza. Le dieron un recibo y un documento que decía: «Si tiene propiedades de más de 1.000 francos suizos de valor al llegar al centro de recepción, debe entregar estos bienes y se le dará un recibo». 

Para el grupo de voluntarios del grupo Schweizerische Fluechtlingshilfe esta medida es «indigna». Y no solo por requisar de forma automática las pertenencias de los demandantes de asilo que solicitan ayuda humanitaria. La ley también permite sustraer hasta el 10 % del salario durante 10 años de aquellas personas con estatus de refugiado que obtengan permiso de trabajo. Todos deberán devolver los 13.725 euros que, calculan, cuesta el proceso de acogida. 

La UE, sin respuestas

Dinamarca seguirá los pasos de Suiza. A finales de mes aprobará, si todo transcurre según lo previsto, la ley que permitirá sustraer los activos de los refugiados. Y es que en esta crisis migratoria, cuya sombra amenaza con extenderse y ampliarse más allá del 2016, solo hay un punto en el que todos los socios de la UE están de acuerdo. Nadie quiere asumir más «cargas». El proceso de reubicación interna de refugiados hace aguas, a pesar del compromiso que adoptaron los líderes europeos el pasado año: «Nos hemos quedado en la intención. Estamos ante una crisis de credibilidad tremenda», lamentó ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien defendió las propuestas lanzadas por su equipo para gestionar una crisis que ha desbordado a la UE: «No es que la Comisión no haya cumplido, han sido algunos Estados miembro que no han acatado lo acordado», denunció. Un síntoma del fracaso europeo ha sido la reintroducción de los controles temporales en las fronteras internas del espacio de libre circulación Schengen que amagan con prolongarse de forma indefinida. «Quien acabe con Schengen enterrará el mercado interior europeo y Europa será ingobernable», advirtió. 

Ajenos a los problemas políticos, los migrantes siguen adentrándose en el Mediterráneo para alcanzar Europa. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 23.600 migrantes llegaron al continente por mar en lo que va de año, casi todos por Grecia. Al menos 59 murieron en el intento. Ayer mismo le pasó a un bebé, dos menores y una mujer.

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