Maduro reta a la Asamblea y decreta el estado de emergencia económica
INTERNACIONAL
La medida prevé más ocupaciones de empresas y desata el temor a un corralito
16 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Hace justamente un año decía «Dios proveerá» como respuesta a la crisis económica ante un Parlamento controlado por su partido. Ayer, golpeado por una inflación del 270 %, una caída del producto interior bruto durante siete trimestres consecutivos y un desabastecimiento que ronda el 40 %, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó el estado de emergencia económica horas antes de acudir ante la Asamblea Nacional, ahora de abrumadora mayoría opositora, para presentar su obligatoria memoria y cuenta anual.
Maduro tuvo que reconocer la «soberanía» de la Cámara, y le entregó la propuesta, solicitándole, además, apoyo para su aprobación. El decreto, que amplía el poder del Ejecutivo y prevé restricciones constitucionales, establece la posibilidad de acometer más ocupaciones en empresas para «garantizar el abastecimiento», y ordena agilizar las importaciones de alimentos y medicinas, señaló el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, quien también destacó que uno de los apartes del decreto autoriza a los ministerios «a coordinar con el Banco Central de Venezuela para restringir el uso de la moneda nacional».
Esta última disposición fue considerada automáticamente en las redes sociales como la posibilidad de aplicar un «corralito» financiero. También comenzaron las comparaciones con el «período especial» vivido por Cuba en los noventa, tras la caída de la Unión Soviética. No en vano el decreto también otorga al Estado «la posibilidad de asignar recursos extraordinarios a los organismos públicos».
El Parlamento tiene ahora ocho días para aprobar o rechazar la medida, pero ya fue desafiado antes de la publicación oficial por Maduro, quien afirmó: «A ver si se atreven a no aprobarla». El mandatario no considera que la grave situación económica venezolana sea culpa del modelo socialista que viene aplicando el país desde 2006, sino a la caída de los precios del petróleo y a la «guerra económica» y la «guerra no convencional» que le aplican a su Gobierno. Afirmó Maduro que «70 % de la crisis puede atribuirse a la criminal campaña que desde el exterior se aplica contra Venezuela». Por contra, la oposición sostiene que ha sido el mal manejo de la economía por parte de Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, lo que ha llevado al país a su calamitosa situación actual.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, no se arrugó ante el desafío de Maduro y le respondió que, «si nos parece conveniente para el país, lo aprobaremos. Si no, lo rechazaremos».
Maduro centró su intervención ante la Asamblea en justificar el decreto, así como en la defensa de un paquete de medidas, el Plan 50, que busca realizar 50 acciones prioritarias en la economía y atender igual número de las necesidades de los venezolanos.
No son las únicas escaramuzas. La mayoría opositora en la Asamblea podría continuar reduciéndose en la medida en que más candidatos perdedores del PSUV impugnen los resultados ante el Tribunal Supremo, que ya suspendió la proclamación de los opositores ganadores en el Amazonas. El PSUV presentó ocho impugnaciones con el argumento de que los votos nulos son mayores que la diferencia entre sus candidatos y aquellos opositores que ganaron. Sin embargo, 13 de los 55 diputados de la nueva minoría están en igual situación. Pese a esto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha cuestionado la legalidad de su elección.
Propone una comisión para investigar las muertes de 43 personas en el 2014
Maduro propuso a Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, que se forme una comisión paritaria, con igual cantidad de parlamentarios del chavismo y la oposición, para que se investigue «cada uno de los casos» de los sucesos ocurridos entre febrero y julio del 2014, en los que murieron 43 personas y más de 900 resultaron heridas.
El chavismo culpa de estos sucesos a Leopoldo López, el preso de conciencia condenado el año pasado a 14 años de cárcel, aunque ninguno de los cargos en su contra incluyó homicidio. La oposición ha planteado como su primera ley, tras su victoria electoral, conceder una amnistía a López y a los casi 80 presos políticos tras estas protestas, llamadas en su momento la Salida.
Además, el mandatario indicó que esa comisión debe «estar presidida por una persona en la que todos confiemos», y dijo que acatará sus conclusiones «caiga quien tenga que caer». Puso como ejemplo el proceso de reconciliación emprendido en Sudáfrica tras el fin del apartheid.
Programa de vivienda
Con respecto al otro proyecto emprendido en las primeras sesiones de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, el de privatizar la propiedad de los apartamentos estatales entregados en los últimos tres años, Maduro señaló que «bajo mi Gobierno, la vivienda jamás va a ser una mercancía [?]. Van a tener que derrocarme si quieren poner la vivienda bajo el control capitalista».
Sin embargo, el encuentro entre los parlamentarios opositores y el presidente se llevó a cabo en un ambiente distendido, muy distinto al de las primeras sesiones de la Asamblea Nacional y al previo a las elecciones, cuando Maduro señalaba que se lanzaría a la calle si perdía.