Fueron nominados contra reloj la víspera de Nochebuena en un acto que la oposición calificó de «golpe de estado judicial»
26 dic 2015 . Actualizado a las 10:26 h.La actual mayoría chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela, ejecutando las instrucciones recibidas de su presidente, la víspera de Nochebuena eligió 13 magistrados principales -inicialmente solo iban a ser cinco- y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, para cubrir otros tantos puestos que dejan vacantes los jubilados anticipadamente sin haber cumplido los 12 años en el cargo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo. La oposición calificó esta actuación del oficialismo como un «golpe de estado judicial», ya que a través de órgano pretenden neutralizar las iniciativas de la nueva mayoría parlamentaria salida de las elecciones del pasado día seis.
De nada han servido las denuncias sobre violación a los tiempos legales y a los requisitos establecidos en las normas vigentes para los postulados. Según los expertos, los efectos prácticos de esta elección, mientras no sea revocada, serán que si la nueva Asamblea Nacional aprueba una ley, el Tribunal Supremo de Justicia elegido por la opción política que ha perdido la mayoría puede declararla inconstitucional, incluso antes de su promulgación. Al ser una cuestión política y no jurídica, todo puede ser declarado inconstitucional.
De los 380 aspirantes el Comité de Postulaciones Judiciales presentó observaciones contra 67 postulados. En la mayoría de los casos porque no presentaron soportes que demuestran que tienen las credenciales que dicen tener en sus currículos, pero también en el caso de otros se constató que son funcionarios públicos que tienen o han tenido procedimientos administrativos abiertos en los organismos en los que trabajaron y algunos hasta fueron declarados responsables por la Contraloría General de la República, el órgano de fiscalización y control de los ingresos y gastos del Estado.
La Constitución exige que para ser magistrado hay que «ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario en materia jurídica; o haber sido profesor universitario titular durante un mínimo de quince años; o ser o haber sido Juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y de reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones». Entre los postulados aparecen jueces y fiscales destituidos. Estos son los 13 elegidos:
Calixito Ortega
Fue uno de los objetados por el Comité de Postulaciones. Ocupó escaño como diputado chavista del año 2000 al 2010, formó parte del Parlatino a partir de 2011 y fue electo por el PSUV como diputado suplente en las elecciones parlamentarias del 6D por estado Zulia. Graduado de abogado con una maestría en Derecho Político de la Universidad del Zulia, también es defensor de los controles de Internet: en 2010 propuso una reforma a la Ley Resorte enfocada a la definición de horarios para ciertos sitios web, tal como sucede en la radio y la televisión.
El gobierno de Maduro en abril de 2013 le designó como el hombre encargado de mejorar las relaciones bilaterales entre Venezuela y EE. UU. A los seis meses fue calificado por Estados Unidos como persona no grata, junto a otros dos funcionarios venezolanos. En octubre de 2013 fue nombrado viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y una de sus tareas centrales en 2014 fue negociar con Holanda la liberación de Hugo, El Pollo Carvajal en Aruba, donde era acusado de narcotráfico. Luego, asumió el consulado en Nueva York y de nuevo, en 2015, le tocó entenderse con la DEA sobre los arrestos de los ahijado y sobrino de Cilia Flores detenidos por supuestas operaciones de narcotráfico. Ahora asumirá la magistratura de la Sala Constitucional del TSJ.
Luis Damiani Bustillos
Es otro de los nuevos magistrados principales de la Sala Constitucional, de la que hasta ahora era suplente. Fue viceministro de Desarrollo Académico, vicerrector y rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Abogó por la educación «plural, democrática e incluyente» con la implementación de un currículo socialista para las demás casas de estudio del país, «en concordancia con la transformación que se lleva a cabo con la Revolución Bolivariana».
Comprometido socialista, Damiani es hijo del ingeniero y militar Luis Rafael Damiani, y hermano del golpista Rafael Damiani Bustillos, general de división de la Guardia Nacional que perteneció a la comisión negociadora que se trasladó de Fuerte Tiuna hasta Miraflores para presionar al presidente Chávez a que renunciara el 11 de abril de 2002, actualmente está en el exilio en Miami y con una orden de detención por parte del Ministerio Público venezolano.
Lourdes Suárez Anderson
La tercera plaza vacante en la Sala Constitucional fue para la hermana del fallecido fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004. Como él, fue fiscal del Ministerio Público, defensora pública del Área Metropolitana de Caracas y directora de la primera Oficina de Atención al Ciudadano. Según su testimonio la muerte de su hermano, «más que un acto terrorista, fue un crimen común, con un toque de extorsión». Nunca dudó que fuese un hombre «muy correcto y serio en sus cosas» ni que tuviese enemigos en el Gobierno. A pesar de que su firma aparece en el acta publicada en la prensa nacional, Lourdes Suárez rechazó haber dicho lo que en ella consta. «En ningún momento he hecho ningún tipo de denuncias en contra de los fiscales, en contra del Ministerio Público, en contra de jueces, en contra del alcalde Freddy Bernal ni en contra de José Vicente Rangel. Las actas que fueron publicadas en la prensa son totalmente falsas», afirmó en 2005 a la Agencia Bolivariana de Noticias.
Juan Luis Ibarra
Fue designado magistrado principal de la Sala Penal. Es abogado de la Universidad Santa María (USM), especializado en Derecho Penal y con un doctorado en Ciencias Penales y Derecho Constitucional. Tras su paso por la USM, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), la Universidad Castilla La Mancha en Toledo, España, la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, la Universidad de la Habana-Cuba, la Universidad Fermín Toro y la Universidad Latinoamericana y del Caribe, acumula un largo currículo.
Fue el magistrado que ratificó en la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial de Aragua la sentencia a los jóvenes Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado El Gato, condenados a ocho años de prisión por protestar en 2014. En su carrera judicial, también pasó por la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial de Miranda, en 2007.
Yanina Karabín
Para la Sala Penal también fue nominada la que hasta aahora fuera suplente de la fallecida presidenta de la Sala de Casación Penal y magistrada Ninoska Queipo, quien murió víctima de una infección en 2012 por biopolímeros. Karabín ya había sido evaluada durante el proceso de selección de magistrados realizado en 2014, pero no había sido seleccionada en la terna final. Sus vinculaciones con el oficialismo le valieron entonces una impugnación.
Con una experiencia legal que resuena entre sus colegas, Karabín fue parte de la Sala Natural de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Corte de Apelaciones de Lara desde 2004. Su nombre despunta en la lista sobre interioridades del sistema judicial venezolano del ex magistrado y ahora prófugo Eladio Aponte Aponte, quien se encuentra en Estados Unidos protegido por dicho gobierno. Aponte Aponte indicó que «mientras Karabín -una de sus fichas de confianza- estuvo al frente del Poder Judicial en el estado Lara facilitó numerosas decisiones, entre ellas procurar beneficios procesales a detenidos en cárceles larenses». La nueva magistrada es hermana de Luis Karabín, exsubdirector del Cicpc y también ex director de la Policía Nacional Bolivariana durante ocho meses.
Marco Medina
Fue nominado para la Sala Penal Político Administrativo. El 29 de abril de 2015 fue designado Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Con una larga trayectoria en el derecho venezolano, Medina conoce el TSJ de arriba abajo gracias a su incesante rotación de cargos: abogado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, juez de instancia, juez de violencia contra la Mujer en el estado Lara, juez presidente de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira en 2011. Mientras ostentaba dicho cargo en 2012, recibió una corona fúnebre en su despacho, cual muerto en un velorio, lo que, se presume, lo hizo renunciar. Es profesor universitario de pregrado y postgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la Universidad Católica del Táchira y de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas.
Eulalia Guerrero
La nueva magistrada de la Sala Política Administrativa, trabajaba en el despacho número uno de la Sala Constitucional, a cargo de la presidenta del TSJ Gladys Gutiérrez. Con ella llegó al TSJ en 2010 y desde entonces ha sido su persona de confianza. Ya antes había sido su mano derecha la Procuraduría General de la República.
Vilma Fernández
Esta paisana del expresidente Hugo Chávez se incorpora a la Sala Civil. Sus primeros pasos laborales los dio como asesora jurídica de una compañía Seguros La Seguridad y Seguros. En 2002 se convirtió en asesora jurídica de la Contraloría General de Barinas. Entre 2004 y 2006, asumió el rol de juez suplente del Tribunal de Control número uno del Circuito Judicial de esa entidad. En 2011 fue nombrada jueza rectora y presidenta de ese Circuito Judicial.
Francisco Velásquez Estévez
Es hijo de un dirigente del partido Acción Democrática en Apure. Estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue juez temporal del Juzgado Superior Civil. Ocupó el cargo de juez rector del Circuito Judicial de Apure donde posteriormente asumió la presidencia. Es la segunda vez que el Partido Socialista Unido de Venezuela lo postula para una magistratura del máximo juzgado. En 2014 había sido postulado para la Sala Constitucional. En esta oportunidad vuelven a apostar por él, pero para integrar la Sala Civil.
Iván Darío Bastardo
El ahora magistrado principal de la Sala Civil compitió por ser designado magistrado del TSJ en 2014 y ya en aquel proceso, donde finalmente no fue escogido, fue señalado de estar inhabilitado. La ley exige que los postulados no tengan manchas en sus hojas de servicio judicial, pero en 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo destituyó a Bastardo como juez de la Corte de Apelaciones de Caracas por un «error grave e inexcusable». Bastardo, junto con Maikel Moreno -hoy también magistrado del TSJ- y Jesús Bravo fueron revocados por admitir una apelación de la Fiscalía, pese a saber que la Sala Constitucional ya había tomado el caso y había determinado una serie de medidas. Su insubordinación fue perdonada y dos años más tarde, en 2009, fue designado como juez titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Ordinario.
Jesús Manuel Jiménez Alfonzo
Era hasta ahora el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En 2011 fue juez vigésimo de primera instancia del mismo circuito. Durante este año solo fue reseñado en un evento del Palacio de Justicia del Área Metropolitana, en el cual figuró como uno de los guías de 195 alumnos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Recorriendo pasillos respondía a inquietudes de los estudiantes. Ahora asume la magistratura principal de la Sala Social.
Fanny Márquez
Su carrera siempre estuvo alejada de la abogacía. Desde enero de 2015 ocupó la vicepresidencia del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y su función, según Nicolás Maduro, era fortalecer la generación de fuentes de divisas y «velar por el uso correcto» de las mismas. Se dice que está dentro del Clan Cabello. Su relación con la familia se inició cuando ella fue consultora jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cuando el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la presidía. En 2006 pasó a revisar cárceles al ser nombrada directora de Custodia y Rehabilitación del Consejo Directivo del Ministerio de Interior y Justicia, entonces encabezado por otro aliado de Cabello, Jesse Chacón. En marzo de 2007 fue nombrada vicepresidenta del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IAFE) por quien el entonces ministro de Infraestructura, José David Cabello, hermano del hombre del mazo. Luego fue nombrada intendente nacional del Seniat, también por el mismo José David. Lo de ella es asumir con militancia el cargo vacante que le sea asignado. Ahora asume un puesto como principal en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Christian Zerpa
Diputado por el PSUV por Trujillo y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, levantó su mano para votar su propia designación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, según denunció el parlamentario Miguel Pizarro. Este merideño, politólogo y abogado también tiene una vena periodística que asoma en su portal web partidista www.christianzerpa.psuv.org.ve.
En 2002, el entonces gobernador de Mérida Florencio Porras lo designó como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Ahora, a pesar de su militancia política abiertamente chavista levantó su mano derecha para jurarse como independiente en la sala que deberá conocer los asuntos electorales,