Francia inicia la reforma constitucional para retirar la nacionalidad a los yihadistas

El Gobierno pretende también incluir en el texto de la Carta Magna la figura del estado de excepción, hasta ahora regulada por una simple ley


Agencias

El Gobierno francés ha desvelado este miércoles su proyecto de reforma constitucional «para la protección de la nación», que incluye dos polémicas medidas: la retirada de la nacionalidad a los ciudadanos franceses con doble nacionalidad que hayan sido condenados por actos de terrorismo y la inclusión del estado de emergencia en la Carta Magna.

Ambas propuestas son consecuencia de los recientes atentados yihadistas en París y forman parte de los cambios previstos en la lucha contra el terrorismo ya presentados por François Hollande ante el Congreso.

Para llevarla adelante, el Parlamento debe aprobar la reforma con una mayoría de tres quintos tras los debates que se abrirán en la Asamblea Nacional a partir del próximo mes de febrero.

El primer ministro galo, Manuel Valls, se ha mostrado optimista con alcanzar el apoyo necesario para la aprobación de la que ha denominado como «medida simbólica», aunque el ala izquierda del partido socialista e incluso la ministra de Justicia, Christiane Taubira, tienen algunas reticencias con estos cambios.

La retirada de la nacionalidad a franceses de doble nacionalidad condenados por «crímenes contra la vida de la nación» era una medida en la que el propio Gobierno francés ha ido titubeando en las últimas semanas. Pero finalmente, según precisó Manuel Valls, se ha mantenido esta posibilidad en la reforma que presentará el Ejecutivo.

Hasta ahora, la retirada de nacionalidad existía, pero solo para ciudadanos con doble nacionalidad que habían adquirido la francesa a lo largo de su vida. Con este cambio, se ampliaría a todos los miembros de ese colectivo, que en Francia llega a los 3,5 millones de personas. Una reclamación de la derecha y la ultraderecha gala, pero de la que recela buena parte del sector de la izquierda.

Por otra parte, con la figura del estado de emergencia incluida y regulada en el texto constitucional y la ampliación del plazo de esta medida hasta los tres meses, el Gobierno francés confía en tener una mejor base para tomar decisiones rápidas en casos excepcionales. Para Manuel Valls, esta es la mejor garantía contra toda «deriva», que permite «limitar los criterios de activación del estado de emergencia» y de «enmarcar las medidas de prolongación en la Constitución».

Pero muchos alertan de que esta figura, que rige en Francia desde el pasado 13 de noviembre, limita en exceso las libertades individuales y colectivas de los franceses. En efecto, la medida permite al Estado realizar registros, arrestos domiciliarios y disoluciones de asociaciones sin permiso de la autoridad judicial bajo la simple sospecha de amenaza para la seguridad pública.

Hasta el momento, esta figura está regulada por una simple ley, lo que permite que sea cuestionada por el Consejo Constitucional. Pero con su inclusión en el texto de la Carta Magna impediría esto y daría carta blanca al Gobierno.

Valls considera que los detractores de esta medida «se equivocan y además no persiguen el objetivo que se han dado: asegurar más nuestra democracia y nuestro Estado de derecho».

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