Advierten que la gravísima situación económica que padece el país amenaza con provocar un desastre humanitario
22 dic 2015 . Actualizado a las 16:29 h.Un informe hecho público ayer por International Crisis Group (ICG), una prestigiosa organización no gubernamental con 20 años de experiencia, que actualmente monitoriza 70 conflictos en todo el mundo, analiza el desarrollo de las pasadas elecciones legislativas y la reacción del gobierno que preside Nicolás Maduro. Como conclusión lanza un claro mensaje: «Si las dos partes se enfrascan en una estrategia de confrontación, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, esta crisis empeorará rápidamente, llevándose por delante a los líderes tanto del gobierno como de la oposición».
El informe, titulado Fin de la hegemonía: ¿qué sigue para Venezuela?, señala que las dimensiones del triunfo de la oposición han cambiado la realidad política de Venezuela y las nuevas reglas del juego tardarán un tiempo en establecerse porque habrá resistencia al cambio. «Este resultado -dicen- representa el punto final al predominio de 15 años sobre el poder legislativo por parte de los partidos asociados con el presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro y abre la posibilidad de una solución pacífica y dialogada a la crisis que azota al país».
Constatan que la MUD desafió condiciones electorales altamente desventajosas y superó los pronósticos más optimistas, asegurando 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional. Esto le otorga la mayoría calificada de dos tercios del Parlamento, y con ello la posibilidad de ejercer un amplio control sobre la agenda legislativa y también, hasta cierto punto, sobre el Gobierno. «A pesar de este giro -advierten- las partes necesitarán de toda su creatividad e imaginación, además de voluntad política, para acordar soluciones a los urgentes problemas del país». Piden a la comunidad internacional que apoye esos esfuerzos.
Dejan constancia de que la violencia post-electoral que muchos temían no se produjo. «Sin embargo -puntualizan- en los días posteriores tanto Maduro como el presidente saliente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, hicieron patente la dificultad que tienen para aceptar la nueva realidad política». Maduro aseguró que no firmará una ley de amnistía para los cerca de 80 presos políticos que la MUD ha prometido como su primer acto legislativo. Recuerdan que también amenazó con vengarse de los que votaron contra el Gobierno asegurando, por ejemplo, que no está dispuesto a construir más casas para votantes desagradecidos y que Diosdado Cabello, por su parte, ha insistido en el nombramiento de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para no dejarlo en manos de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero. Además, el 15 de diciembre dirigió la instalación de un Parlamento Comunal de dudosa legalidad que buscaría hacer contrapeso a la nueva Asamblea.
Señalan los autores del informe que «a pesar de esta renuencia, hay razones para pensar que la nueva realidad política, tarde o temprano, se hará sentir» y que «cuando esto suceda tendrá que haber negociaciones sobre los temas más urgentes, tanto en lo económico y social como en lo político porque Venezuela está sumida en una crisis económica de grandes dimensiones que amenaza con provocar un desastre humanitario» Advierten que si las dos partes caen en una estrategia de confrontación olvidando la voluntad popular expresada en las urnas, «esta crisis empeorará rápidamente llevándose por delante tanto a los líderes del Gobierno como a los de la oposición».
Como dato más optimista en este oscuro panorama apuntan la postura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «cuyo comportamiento institucional durante, y sobre todo después de las elecciones indica que no van a acompañar una aventura golpista. Por ende, la opción que Maduro había planteado explícitamente antes de las elecciones de apoyarse en los militares para desconocer los resultados y mantener el poder parece descartada».
Advierten que la negociación será difícil de lograr y a las dos partes les tomará algo de tiempo acostumbrarse a una realidad política que demanda más acuerdos que confrontaciones «porque el oficialismo no está acostumbrado a ser minoría y, a juzgar por sus declaraciones recientes, apelará a sus partidarios para que confronten a la nueva AN en las calles». Señalan que la MUD también tiene sus dilemas internos. «En un conglomerado de partidos que individualmente tienen escaso apoyo popular algunos temas tensionarán esa unidad y someterán a prueba una confianza interna que ha sido tradicionalmente frágil».
Propuestas concretas
Dicen los expertos en crisis que para garantizar en Venezuela un proceso político estable y exento de violencia y salidas inconstitucionales, el Gobierno, la MUD y los futuros miembros de la nueva Asamblea Nacional deberían facilitar un tránsito pacífico hacia la instalación de la nueva Camara legislativa el 5 de enero, respetando el marco previsto por la Constitución de 1999. Consideran que deben establecer una agenda legislativa compartida, con la finalidad de resolver los problemas urgentes que enfrenta la economía y la sociedad, incluyendo la adopción de mecanismos concertados para la restauración de las libertades civiles y acordar un mecanismo expedito para la liberación de las personas privadas de libertad en ocasión de los hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2014 u otros similares. Apuntan que se debería ver la posibilidad de otorgarles la libertad inmediata a través de una amnistía que respete los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición y, en su defecto, adoptar un mecanismo extraordinario de revisión judicial de sentencias, previa opinión de una comisión especial de estudio de casos.
Añaden que el Gobierno, en concreto, deberá cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, abstenerse de incitar a sus partidarios a confrontar al Legislativo en las calles o por vías distintas a las previstas en la Constitución . También le demandan la difusión de cifras objetivas y confiables sobre información macro-económica, sobre enfermedades transmisibles y sobre indicadores de seguridad ciudadana. Le piden asimismo que restaure el estado de Derecho en todo el territorio, incluyendo el levantamiento de los estados de emergencia en los municipios fronterizos con Colombia.
A la comunidad internacional, en especial la ONU, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR le piden que reiteren su llamado al Gobierno y los actores políticos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales, así como de abstenerse de incitación a la violencia; a respaldar y apoyar los esfuerzos nacionales por establecer mecanismos políticos de diálogo y concertación, incluyendo la posibilidad de ampliar la presencia de organismos internacionales, así como que sirvan de veedores y mediadores y financien proyectos destinados a mejorar la calidad de la democracia. Le solicitan igualmente que apoyen decididamente actividades humanitarias, particularmente en la contención y lucha contra enfermedades transmisibles y en la mejora de los sistemas de distribución de medicinas y alimentos, empezando por las zonas rurales y periféricas a las ciudades.