Los militares venezolanos se distancian del chavismo tras la derrota del 6D

Dejarán más de 1.600 vacantes en la Administración, incluidos nueve ministerios del Gobierno de Maduro


caracas / e. la voz

El presidente Nicolás Maduro aprovechó el acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para anunciar lo que a todas luces parece un divorcio entre el chavismo y los militares tras 17 años de matrimonio. «He dado una orden para implementar un plan bien pensado, detallado para que regresen a puestos de mando y a filas activas en cada componente los compañeros y compañeras [militares] que han ido a la Administración pública a prestar servicios a la patria. Es momento de regresar a la Fuerza Armada para traer más unión y para reforzarla», declaró durante el acto, que fue transmitido por cadenas de radio y televisión.

Este sorpresivo anuncio sobre un tema que el locuaz presidente no volvió a decir una palabra dejará un total de 1.632 vacantes, ocupadas en la actualidad por oficiales del Ejército en la Administración venezolana, según estimaciones del vicealmirante retirado Jesús Briceño García.

Nueve de ellos están al frente de las principales carteras ministeriales del Gobierno de Maduro (Defensa, Finanzas, Interior y Justicia, Alimentación, Transporte Aéreo y Acuático, Energía, Despacho de la Presidencia, Vivienda e Industrias y Comercio), que manejan el 54 % del presupuesto nacional. Otros están en puestos clave como Mercal (Mercados de Alimentos), con una red de más de 16.000 establecimientos en todo el país, la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y La Corporación Venezolana de Guayana, la agencia de desarrollo regional.

Este anuncio que se produjo días después de que todos los ministros del Gobierno hubiesen puesto sus cargos a disposición del presidente, nada más hacerse oficiales los resultados de las elecciones parlamentarias, se está prestando a todo tipo de interpretaciones. Luis Alberto Buttó, profesor de la Universidad Simón Bolívar y analista castrense, considera que la medida es «una jugada táctica, no estratégica, porque no va a la esencia del proyecto pretoriano que impera en el país y a través del cual se ha dado la colonización militar de la Administración pública». Advierte que con el regreso de los militares a los cuarteles no se acabará con la politización de la institución castrense.

Salir del ámbito de lo civil

El general retirado Enrique Prieto Silva dijo en declaraciones a El Nacional que «debe verse con cuidado la medida presidencial, porque se supone que el retorno a las unidades castrenses es de los oficiales activos, no de los retirados, que también tienen puestos públicos. Aquí -añade- se ha creído que la Fuerza Armada gobierna el país y no es así, solo una camarilla. Maduro ha mantenido a militares en cargos esenciales para que el desastre se les atribuya a su gestión».

Hay quien opina que la decisión ha sido tomada en el ámbito castrense y responde a estudios que maneja la cúpula militar que muestran que el país pide a gritos la salida de los militares del ámbito civil. Recuerdan que, en una reciente encuesta de Venebarometro, el 66 % de los venezolanos opinan que los militares «deben volver a sus cuarteles a dedicarse exclusivamente a la seguridad y defensa de la nación». Solo un 26 % están de acuerdo con que se mantengan incorporados a actividades de gobierno.

La aplastante mayoría obtenida por la oposición en la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero, con plenos poderes para interpelar, investigar y solicitar destituciones, según estos mismos analistas, habría corroborado la urgencia de retirar de la Administración a toda la oficialidad que por una u otra razón pudiera estar directa o indirectamente involucrada en grandes escándalos, actos de corrupción, ineficiencias, malversaciones...

Un matrimonio inconveniente

El veterano periodista venezolano en el exilio Rafael Poleo, en su habitual Corto y en profundo publicado el pasado lunes, califica el anuncio de Maduro como la concreción de la «ruptura» entre la Fuerza Armada Bolivariana y el PSUV, el partido del chavismo.

Dice Poleo que «entre los militares que se niegan a compartir acusaciones de narcotráfico y el partido de la revolución se establece un modus vivendi en el cual la Fuerza Armada presta al régimen el respeto marcado en la Constitución pero no se compromete con sus decisiones ni, mucho menos, participa en ellas. Así, la institución armada se está excluyendo de una aventura política cuya estrategia está fuera de su control y de la cual no puede esperar sino daños estructurales, el mayor de los cuales es su desvinculación de la mayoría de la sociedad». Concluye que esta decisión de la Fuerza Armada, que «fue adoptada por el generalato teniendo en cuenta la opinión de la oficialidad media, agrava la situación del régimen, que así ha perdido también el segundo de los dos pilares sobre los cuales se afincaba: el respaldo de la sociedad y el de la institución armada».

La acusación de Reverol

En este contexto, ha saltado la noticia de la inminente imputación formal por las autoridades judiciales norteamericanas del general venezolano Néstor Luis Reverol por su presunta implicación en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

Reverol, que fue el zar antidrogas de Venezuela como presidente de la civil Oficina Nacional Antidroga (ONA) entre el 2007 y el 2011 y actualmente es el jefe de la Guardia Nacional Republicana (GNR) -una policía militarizada que tiene a cargo funciones de orden público, custodia de fronteras y la lucha antinarcóticos- suena en los últimos días como probable sucesor de Vladimir Padrino López en el Ministerio de Defensa.

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