Maduro desmilitariza la administración venezolana

La vuelta de los uniformados a los cuarteles dejará vacantes más de 1.600 cargos públicos, entre ellos nueve carteras ministeriales.


Caracas

Dentro del volcán de declaraciones que realiza a diario Nicolás Maduro en distintos foros y por los más diversos medios, una de las más llamativas es la efectuada el pasado sábado, durante el acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional, que fue transmitido en cadena de radio y televisión.   «He dado una orden para implementar un plan bien pensado, detallado para que (militares) regresen a puestos de mando, y a filas activas en cada componente los compañeros y compañeras que han ido a la administración pública a prestar servicios a la patria. Es momento de regresar a la Fuerza Armada Nacional para traer más unión y para reforzar la FAN».

Este sorpresivo anuncio de la desmilitarización de la administración venezolana, según las estimaciones del vicealmirante retirado Jesús Briceño García puede afectar a un total de 1.632 oficiales. Nueve de ellos ocupan las principales carteras ministeriales del gobierno del Maduro -Defensa, Finanzas, Interior y Justicia, Alimentación, Transporte Aéreo y Acuático, Energía, Despacho de la Presidencia, Vivienda e Industrias y Comercio-, que manejan el 54 % del presupuesto nacional. Otros están en puestos claves como Mercal (Mercados de Alimentos), con una red de más de 16.000 establecimientos en todo el país, la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la agencia de desarrollo regional.

¿Se van o los echan?

Este anuncio sobre un tema que el inquilino del palacio presidencial de Miraflores no ha dado hasta la fecha más detalles, se está prestando a todo tipo de interpretaciones. Luis Alberto Buttó, profesor de la Universidad Simón Bolívar y analista castrense, considera que la medida es «una jugada táctica no estratégica porque no va a la esencia del proyecto pretoriano que impera en el país y a través del cual se ha dado la colonización militar de la administración pública». Advierte que con el regreso de los militares a los cuarteles no se acabará con la politización de la institución castrense. 

El  general retirado Enrique Prieto Silva dijo en declaraciones al diario El Nacional que «debe verse con cuidado la medida presidencial porque se supone que el retorno a las unidades castrenses es de los oficiales activos, no de los retirados, que también tienen puestos públicos. Aquí -añade- se ha creído que la Fuerza Armada gobierna el país y no es así, solo una camarilla. Maduro ha mantenido a militares en cargos esenciales para que el desastre se les atribuya a su gestión».

Hay quien opina que  la decisión ha sido tomada en el ámbito castrense y responde a estudios que maneja la cúpula militar que muestran que el país pide a gritos la salida de los militares del ámbito de lo civil. Recuerdan que una reciente encuesta de la  empresa Venebarómetro, a una pregunta  sobre el tema, el 66% de los venezolanos responden que los militares ?deben volver a sus cuarteles a dedicarse exclusivamente a la seguridad y defensa de la nación?. Solo un 26% está de acuerdo con que se mantengan incorporados a actividades de gobierno. 

La aplastante mayoría obtenida por la oposición en la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero, con plenos poderes para interpelar, investigar, vetar y solicitar destituciones, según estos mismos analistas, habría corroborado la urgencia  de retirar de la administración pública a toda la oficialidad que por una u otra razón pudiera estar directa o indirectamente involucrada en grandes escándalos, actos de corrupción, ineficiencias, malversaciones. 

«Ruptura»

El veterano periodista venezolano en el exilio, Rafael Poleo, en su habitual Corto y profundo publicado el pasado lunes, califica el anuncio de Maduro como la concreción de la «ruptura» entre las Fuerzas Armadas Bolivariana  y el PSUV, el partido del chavismo.  

Dice Poleo que «entre los militares que se niegan a compartir acusaciones de narcotráfico y el partido de la revolución se establece un modus vivendi en el cual la Fuerza Armada presta al régimen el respeto marcado en la Constitución pero no se compromete con sus decisiones ni, mucho menos, participa en ellas. Así,  la institución armada se está excluyendo de una aventura política cuya estrategia está fuera de su control y de la cual no puede esperar sino daños estructurales, el mayor de los cuales es su desvinculación de la mayoría de la sociedad».

Concluye que esta decisión de la Fuerza Armada, que «fue adoptada por el generalato teniendo en cuenta la opinión de la oficialidad media, agrava la situación del régimen, que así ha perdido también el segundo de los dos pilares sobre los cuales se afincaba: el respaldo de la sociedad y el de la institución armada».

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