Ya han transcurrido seis años desde aquel 10 de diciembre del 2009 en el que el mandatario venezolano ordenara en directo por televisión la detención de la jueza María Lourdes Afiuni.
10 dic 2015 . Actualizado a las 07:36 h.Su delito fue haber otorgado horas antes una medida cautelar de libertad al banquero Eligio Cedeño, después de que el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, calificara como arbitraria la detención de Cedeño y solicitara su inmediata excarcelación.
Desde entonces, María Lourdes Afiuni se encuentra privada de libertad. Pasó tres años encerrada en una prisión de mujeres donde algunas estaban cumpliendo condenas dictadas por ella, y lleva otros tres años en arresto domiciliario. Desde junio tiene su propia casa por cárcel.
Su juicio empezó de nuevo el pasado 30 de abril cuando estaba a punto de concluir. Se celebra una audiencia cada 15 días en la que solo declara un testigo de los 47 que están citados. Hasta ahora ninguno lo ha hecho en su contra, pero está convencida de que la sentencia va a ser condenatoria.
Ayer se celebró una de esas sesiones en la que la jueza solicitó su libertad plena alegando que en su caso no existe peligro de fuga, y que ha tenido la oportunidad de «irme mil veces y no lo he hecho y ahora menos me voy a ir después de lo que pasó el domingo 6 de diciembre».
Elena Mora de Afiuni (a la derecha en la foto), la madre de la jueza -ella no puede hacer declaraciones a los medio de comunicación ni puede utilizar las redes sociales, relató en un encuentro con La Voz de Galicia el calvario de su hija en estos seis años.
María Lourdes, desde el punto de vista disciplinario sigue siendo jueza, con una suspensión de empleo y sueldo. Como juez titular suspendida no puede litigar ni dedicarse a actividades comerciales de ningún tipo. Tampoco le permiten renunciar. Sus cuentas bancarias están bloqueadas «de hecho aunque no de derecho. No existe ninguna orden judicial al respecto -explica- pero no se atreven a darle su dinero. Tardó dos años en conseguir que le permitiesen el uso de una tarjeta de débito en una cuenta que tiene con mi esposo», explica Elena Mora
Su hija fue la primera venezolana encarcelada por orden expresa del presidente de la república, transmitida en directo por televisión. Chávez pidió para ella 30 años por haber acordado la libertad de un preso que ya había cumplido el periodo máximo legal de prisión provisional y a los pocos días, por el mismo medio, amplió la petición a 35 años de cárcel.
Precisa que el único precedente que recuerda es el ex-gobernador del Zulia, Manuel Rosales, pero cuando quisieron ejecutar la orden ya se había ido del país.
La «osadía»
¿Por qué tal ensañamiento o fijación? La única explicación que ella le encuentra, según relata su madre es que puso en libertad a un preso del presidente. Los propios agentes de la policía política que la detuvieron le reprocharon la osadía de liberar a un preso del presidente, «ahora usted va a ocupar su lugar», le dijeron.
Ella ahora reconoce que la decisión que adoptó era «delicada». Era consciente de que iba a ser investigada y que podía ser suspendida, pero nunca se imaginó que la cosa llegaría a donde llegó y menos con la anuencia del propio poder judicial.
En todo este tiempo hubo chavistas que le expresaron su disconformidad con las medidas adoptadas contra ella, pero no le consta que nadie haya movido un dedo para ayudarla. A pesar de lo que lleva sufrido, no se arrepiente de haber hecho lo que hizo. «Era su deber, estaba convencida de que ese señor nunca debió ser detenido», explica Elena Mora.
El juez que actualmente lleva su caso, compartió oficina con ella, al que dice haber ayudado en todo lo que le pidió y que incluso la invitó a su boda, pero no se atrevió a inhibirse. Lamenta que la practica totalidad de los actuales jueces venezolanos -el 95% interinos- se limitan a obedecer y firmar lo que les mandan.
Lucha por la supervivencia
Estuvo privada de libertad en una cárcel de mujeres en la que tuvo que luchar día a día por su supervivencia, porque entre sus compañeras había más de una condenada por ella. Sus carceleras no le tenían especial aprecio. La primera directora la puso en una celda individual para resguardar su vida, pero se fue al cabo de una semana y la que la sustituyó tenía antecedentes de malos tratos. Por la ventana le rociaron la celda con gasolina y le intentaron prender fuego en más de una ocasión, otras presas entraron en su celda y la agredieron brutalmente. La pesadilla concluyó cuando, por razones de salud le cambiaron cárcel por casa. Fue intervenida quirúrgicamente pero aún tiene secuelas de las lesiones de las que fue objeto.
Cuando su caso llegó a la ONU y a la Comisión Internacional de Juristas, que le dieron pleno respaldo, la Fiscal General de Venezuela sacó a relucir una supuesta carta firmada de puño y letra por la jueza presa, en la que negaba las noticias sobre los malos tratos recibidos en la cárcel de mujeres. María Lourdes Afiuni rechazó categóricamente la existencia de dicha carta. Ese desmentido, según su madre ha hecho que la titular de la Fiscalía y Diosdado Cabello, sean los principales obstáculos para que concluya su calvario. El número dos del chavismo la menciona cada dos por tres en su programa televisivo Con el mazo dando e incluso saca fotos de su hija que está estudiando fuera del país.
Su vacante en el juzgado 31 de control de Caracas fue ocupado por el juez Alí Fabricio Paredes, quien se encargó del juicio del narco Walid Maklé y fue detenido a las pocas horas de dictar una sentencia condenatoria en el caso, pero muy alejada de las penas que le corresponderían por los gravísimos cargos que pesaban contra el capo del narcotráfico al máximo nivel y autor intelectual de varios homicidios, entre otros. A pesar de ser el juez Paredes un chavista confeso que, según se dice, uno de sus testaferros confesó, recibía sobornos, era dueño de varias licorerías y automóviles de lujo importados y titular de cuentas en el extranjero, sin tocar un solo bolívar de sus nóminas durante los años que ejerció el cargo judicial. Todos estos hechos, al parecer, están acreditados en el expediente procesal que se le incoó. Solo estuvo preso tres meses. Ahora ejerce como abogado. En este Juzgado lo sustituyó Susana Barreiros, la juez que condenó a Leopoldo López.