En Venezuela las víctimas de la violencia hace tiempo que dejaron de ser noticia, pero cuando se producen en el contexto de una campaña electoral adquieren otra dimensión.
28 nov 2015 . Actualizado a las 16:18 h.Luis Manuel Díaz, secretario general de Acción Democrática en el municipio guariqueño José Tadeo Monagas, fue asesinado a tiros el pasado miércoles en un acto de campaña realizado en Altagracia de Orituco, cuando el político estaba sobre una tarima en la avenida de Ilustres Próceres, junto con Lilian Tintori, la esposa del preso político Leopoldo López, en un acto que congregó a varios miles de personas. Los disparos, según escribió el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup en su cuenta de Twiter, fueron efectuados a 10 metros de distancia desde un vehículo por bandas armadas del PSUV, el partido del Gobierno. La repulsa generalizada, tanto a nivel nacional como internacional superó las previsiones más optimistas.
No fue el primer acto violento de esta campaña. Desde que se inició la oposición ha sido atacada ocho veces. El caso más reciente fue el ataque con cócteles molotov contra la sede de Primero Justicia de Guasdualito, estado Apure. Además de la muerte de Luis Manuel hubo otros casos en los que las agresiones se utilizaron armas de fuego, como el atentado contra la caravana presidida por Miguel Pizarro en Petare o la visita que hizo el gobernador Henrique Capriles al estado Bolívar.
La reacción del oficialismo ante los sucesos del miércoles en el estado llanero de Guárico, un histórico bastión del chavismo, fue, cuando menos, sorprendente para cualquier observador. En el primer momento dijeron que todo era un montaje de la oposición que dispondría de una partida destinada a pagar sicarios para provocar este tipo de incidentes. Más preciso fue el psiquiatra Jorge Rodríguez, jefe de campaña del PSUV, quien no solo no condenó el atentado, sino afirmó que la víctima formaba parte de la banda criminal «Los Plateados»; que tenía nexos con mafias sindicales de la construcción, además de una investigación desde 2010 por homicidio intencional, por lo que su asesinato se debe a «culebras» (rencillas) con otra banda. Rodríguez aseguró que tiene resultados de las pruebas de balística, sin explicar por qué tuvo acceso al expediente de una investigación en curso y anunció una querella contra Ramos Allup.
El dirigente adeco, por su parte, declaró que tiene suficiente documentación y testimonios que determinarán quién ejecutó ese homicidio. En una entrevista radiofónica le respondió a Rodríguez que «si el asesinado era quién ellos dicen que era, ¿por qué no estaba preso?. Un pran, un delincuente de altísima peligrosidad, una persona que había cometido cualquier cantidad de delitos, ¿qué hacía en libertad?».
Aseguró tener documentación que vincularía presuntamente a partidarios del Gobierno con este hecho. «Se van a sorprender cuando vean las vinculaciones del asesino con gente relacionada al Gobierno», dijo.
En esta ocasión la reacción de la comunidad internacional, empezando por UNASUR, y siguidendo por los líderes de los principales países de la región, entre ellos algunos amigos como Brasil, no se ha hecho esperar y fue contundente.