El ministro de Finanzas ya ha remitido al Parlamento el acuerdo con la UE, que debe ser aprobado este miércoles
14 jul 2015 . Actualizado a las 19:06 h.El acuerdo con los socios no ha facilitado las cosas al primer ministro griego, Alexis Tsipras, que ha mantenido durante este martes varias reuniones con miembros de Syriza para tratar de acumular apoyos de cara a la decisiva votación de mañana, mientras las medidas de ajuste han despertado la protesta de los sindicatos.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, ya ha remitido al Parlamento la legislación requerida para aplicar el acuerdo alcanzado entre Tsipras y sus acreedores internacionales, que ahora debe ser aprobado para dar luz verde el miércoles al primer paquete de medidas y la semana próxima a un segundo para volver a iniciar las negociaciones.
Ronda de negociaciones con los grupos políticos
Tras la reunión hoy del comité político de Syriza, que ha concluido con un llamamiento a la unidad, Tsipras ha mantenido varios encuentros en la sede del Gobierno, en un intento de asegurarse la mayoría propia necesaria para que la votación prospere.
Estaba previsto que también que hoy se reuniese el grupo parlamentario de Syriza para analizar las medidas, pero a última hora de la tarde, la oficina del partido en el Parlamento todavía no tenía confirmación del encuentro que, según los medios, incluso podría aplazarse hasta después de la votación del miércoles.
La Plataforma de Izquierda, la corriente radical del partido, ya ha manifestado que no respaldará la votación. Uno de sus representantes es el ministro de Energía, Panayotis Lafazanis, quien afirmó ayer que no votará a favor del acuerdo, pese a lo cual no tiene intención de dimitir y, además, emplazó al primer ministro y al Gobierno a retractarse y retirar su apoyo al acuerdo.
Lafazanis es uno de una treintena de diputados de Syriza -en total son 149- que no dieron la semana pasada al Gobierno un mandato para las negociaciones en Bruselas, la mayoría de ellos mediante abstenciones, ausencias y dos con votos en contra.
La prensa local señala que la Plataforma de Izquierda estaría planteándose pedir la celebración de un congreso extraordinario de Syriza, y se plantea formar su propio grupo parlamentario.
Entre los díscolos estarían varios miembros del Gobierno, como el ministro adjunto de Seguridad Social, Dimitris Stratulis, el ministro adjunto de Defensa, Kostas Ísijos, y el ministro adjunto de Exteriores, Nikos Juntís, quien ayer dimitió como diputado, aunque, por el momento, no ha dejado el cargo.
Juntis e Ísijos forman parte de una quincena de parlamentarios que votaron a favor de dar el mandato al Gobierno, pero que después publicaron una carta solidarizándose con los rebeldes.
La situación tampoco es estable en el seno del nacionalista Griegos Independientes, socio del Gobierno donde, tras las reuniones de su grupo parlamentario y del comité ejecutivo, su líder, Panos Kamenos, mostró su respaldo al Ejecutivo para la votación de mañana, pero dejó entrever que podría rechazar el documento firmado en Bruselas, que también debe someterse a voto.
Por ahora no hay una imagen clara de cuál será la decisión de Tsipras de cara a mañana y los próximos días.
Entre los movimientos posibles están emprender una remodelación del Gobierno cambiando a los ministros que se han posicionado en contra, ampliar la coalición con otros partidos o mantener la estructura actual del Ejecutivo y tratar de sacar adelante la votación con los apoyos de la oposición.
El conservador Nueva Democracia, el centrista To Potami y el socialdemócrata Pasok han expresado su apoyo al acuerdo, por lo que se da por seguro que el paquete legal será aprobado en su conjunto.
Respecto a la posible creación de un Gobierno de unidad nacional con la entrada de To Potami, su líder, Stavros Theodorakis, descartó hoy su participación al afirmar que el primer ministro tiene un mandato suficientemente fuerte «para seguir adelante».
El acuerdo, que recoge cambios en el régimen del IVA, la reforma de las pensiones, la modernización del mercado laboral o la creación de un fondo para gestionar las privatizaciones, ha levantado ampollas también entre los sindicatos.