La matanza de Charleston viene a sumarse a una serie de crímenes masivos que han jalonado los seis años de mandato de Barack Obama. Cada vez que se producía uno, el presidente alertaba al país sobre la necesidad de establecer un mayor control sobre la venta de armas. El pasado jueves, en un discurso emitido desde la Casa Blanca, Obama volvió a afirmar que «esto no pasa en otros países».
Pero él mismo abandonó la idea de que las armas queden sometidas a un control mayor. Lo intentó tras el peor de estos sucesos ocurridos en los últimos años en EE.UU., el asesinato de 20 niños y sus maestras en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, en diciembre del 2012. Entonces propuso que se prohibiera la venta de fusiles de asalto y de cargadores automáticos y pidió que se obligara a un examen exhaustivo, incluidos antecedentes penales y posibles enfermedades mentales, a los compradores. Sugirió también que el país mejorara la atención mental de la población. Pero el Congreso rechazó las medidas.
Partidarios de las armas
La mayoría de los legisladores votaron en contra, entre ellos, buena parte de los republicanos, sobre todo los más extremistas o en la órbita del Tea Party; un significativo número de demócratas, fundamentalmente de los estados sureños, de ideología más conservadora y donde las armas son casi una señal de identidad; y otros que no se atreven a defender medidas que pueden ser muy impopulares, ya que la mayoría de los estadounidenses son partidarios de que las leyes sigan como están.
Además hay que contar con la presión que ejerce la Asociación Nacional del Rifle, la poderosísima organización que defiende la mayor libertad posible en la compra y tenencia de armas y que cuenta con fondos casi ilimitados, procedentes en su mayoría de los propios fabricantes.