Un informe interno de la ONU revela que esta práctica expresamente prohibida es habitual en Haití, Liberia, Sudán y Congo
12 jun 2015 . Actualizado a las 07:06 h.Una investigación de las Naciones Unidas ha desvelado que los cascos azules acostumbran a obtener sexo de las personas a las que en teoría están protegiendo a cambio de mercancías como alimentos, medicinas, dinero o teléfonos móviles, algo prohibido expresamente a las fuerzas de paz, ya que se considera una forma de abuso sexual. En cuanto a las relaciones sexuales sin intercambio económico, la ONU no las prohíbe, aunque las desalienta, por considerar que pueden basarse en «una dinámica de poder inherentemente desigual».
Según el informe, los países en los que hay más denuncias son Haití, donde la ONU tiene más de 7.000 cascos azules, Liberia, Sudán del Sur y el Congo. Hace un año, la organización internacional decidió investigar esas denuncias en el país caribeño. Los investigadores hablaron con más de 225 mujeres que aseguraron haber mantenido relaciones sexuales con soldados a cambio de algo material. «Las mujeres del medio rural citan con frecuencia -dice el informe- el hambre, la falta de vivienda, la necesidad de artículos para sus bebés o de medicamentos entre las razones que las llevaron a vender sexo». A cambio, obtuvieron móviles, portátiles, perfumes, joyas, dinero, alimentos o medicinas.
La ONU no cuenta con un ejército propio, por lo que sus misiones de paz están formadas por militares de los países miembros. En la actualidad hay 125.000 cascos azules desplegados por diversos países del mundo.
Un viejo asunto
El asunto de los abusos sexuales no es nuevo. Hace diez años, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Zeid Raad Huseín elaboró un informe que provocó una conmoción. Entonces, la investigación se centró en El Congo y desveló que la compra de sexo era algo habitual. El entonces secretario general, Kofi Annan, ordenó que se persiguieran esos abusos como crímenes y se investigara todas las misiones de paz. Pero, según el nuevo informe, aquellas decisiones no se han cumplido.
La nueva denuncia asegura que, además, un tercio de las personas a las que los casos azules pagan a cambio de sexo son menores de 18 años, y que la asistencia a las víctimas que lo denuncian es «muy deficiente», porque las investigaciones, incluidas las de abusos a menores o las de violaciones, que tienen prioridad, se alargan durante más de un año.
Como los cascos azules son aportados por los Estados miembros, son los propios países los encargados de investigar, aunque la Organización de Naciones Unidas tiene la facultad de intervenir si un determinado estado no investiga correctamente.