Maduro alivia la reclusión de Ledezma forzado por la presión internacional

El arresto domiciliario, en lugar del regreso a prisión tras ser operado, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la interpretan algunos analistas como una respuesta a la creciente presión que siente el Gobierno de Nicolás Maduro por la situación de los derechos humanos en Venezuela, algo de lo que también se beneficiaron cuatro detenidos que llevaban más de nueve meses en la cárcel por manifestarse, a los que el Tribunal Supremo otorgó la libertad condicional.

Sin embargo, como señala Alfredo Romero, abogado experto en derechos humanos y director de Foro Penal Venezolano, la oenegé que defiende gratis a presos políticos, después de las cuatro liberaciones del jueves «quedan 39 detenidos por manifestaciones y 85 por motivos políticos», lo que difícilmente permite creer que Maduro haya suavizado sus políticas hacia la oposición.

Ledezma, que ayer pudo cumplir en su hogar los 56 años después de haber sido operado de una hernia inguinal, tendrá casa en vez de cárcel durante al menos los próximos 30 días. Por otro lado, Rosa Rivas, Raúl López, Eduardo Colmenares y Pablo Estrada (gravemente enfermo de tuberculosis pulmonar, contraída en los calabozos de la policía política en Caracas) tienen libertad condicional con obligación de presentarse ante los juzgados que llevan sus causas y prohibición de abandonar Venezuela. Una libertad que no fue otorgada por los juzgados que llevan sus causas, sino por el propio Tribunal Supremo, lo que ratificaría el carácter político de sus detenciones, según analistas que pidieron el anonimato, toda vez que el alto tribunal no ha fallado, en 12 años, ni una sola vez contra los intereses del régimen chavista.

Un problema mayor

María Corina Machado, diputada desposeída de su escaño por la Asamblea Nacional y también amenazada con un juicio, también cree que en la medida a favor de Ledezma, detenido por «conspiración» contra el Gobierno, pesa la presión internacional. Machado enumeró las manifestaciones a favor de la liberación de presos políticos -especialmente la de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular que lleva 15 meses preso- de un cúmulo «sin precedentes» de organizaciones y personalidades, como el Parlamento español y el Europeo, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, 26 expresidentes latinoamericanos y los exjefes de Gobierno español Felipe González y José María Aznar, y presidentes como Dilma Rousseff (Brasil) y Horacio Cartes (Paraguay). Todavía el jueves, 26 exjefes de Estado y ex primeros ministros europeos miembros del Club de Madrid hicieron una declaración en el mismo sentido.

Otro analista, que solicitó el anonimato, calificó la medida cautelar a favor de Ledezma como «demasiado poco, y demasiado tarde», aunque admite que Maduro intenta sacudirse la imagen represiva. «Pero las concesiones que hace son mínimas y, obviamente, no puede liberar a López, que se ha convertido en un emblema contra su Gobierno, y el líder más popular del país». Mientras los últimos sondeos dan a Maduro un 20 % de popularidad, la del preso político ronda 50 %: «Leopoldo es un problema preso, pero es un problema mayor libre», afirmó el analista.

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