El Gobierno prepara una ley que legalizará las prácticas ocultas de sus servicios secretos y el espionaje informático
18 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno francés va a legalizar las prácticas ocultas de sus servicios secretos para que puedan trabajar en la lucha antiterrorista sin control judicial y bajo una simple autorización administrativa. Un proyecto de ley, que será aprobado mañana en Consejo de Ministros, dos meses después de los atentados yihadistas que causaron 17 víctimas mortales en París, permitirá a los agentes introducir cámaras y micrófonos en vehículos, viviendas y oficinas, colocar balizas de geolocalización por GPS en automóviles, revisar ordenadores y la mensajería de Internet e infiltrar grupos de sospechosos, entre otras técnicas usadas bajo cuerda en la actualidad. Bastarán permisos gubernativos, según el texto que comenzará a ser debatido en abril.
Estas prácticas solo estarán permitidas en casos de interés público y según el principio de proporcionalidad. Se fija una lista restrictiva de motivos, como la defensa nacional, la prevención del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo, «en el estricto respeto a las libertades individuales». El primer ministro, Manuel Valls, se comprometió ante el Parlamento a no instaurar leyes excepcionales del estilo de la Patriot Act promulgada por EE.UU. tras los atentados del 11 de septiembre.
Se legalizan técnicas de escuchas masivas no discriminatorias, como los IMSI-catchers, ya empleados clandestinamente no solo por los servicios de información, sino también por agencias privadas. Consisten en colocar una falsa antena repetidora cerca de la persona a quien se desea interceptar las comunicaciones de móvil, pero que captan todas las conversaciones que caen dentro de su cobertura.
Los agentes también tendrán derecho a escudriñar en tiempo real los datos informáticos, incluidas las conversaciones por Skype y los mensajes de Facebook o Twitter. Podrán instalar keyloggers, programas que graban lo que una persona escribe con el teclado. Las compañías gestoras de las redes sociales y de los motores de búsqueda deberán denunciar todo comportamiento sospechoso.
El Gobierno se cura en salud frente a las críticas con la creación de una autoridad administrativa independiente a la que los ciudadanos que crean estar vigilados podrán recurrir para reclamar la anulación de los pinchazos. Los servicios secretos habrán de destruir la información recopilada al cabo de doce meses como máximo y de cinco años cuando sean datos de conexiones.