El asesinato de Boris Nemtsov, literalmente a la vista del Kremlin, es más desconcertante de lo que pudiera parecer. Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a la idea de que en la Rusia de Putin reina la arbitrariedad, pero lo ocurrido con Nemtsov es incluso demasiado para ese estado de cosas. En este caso no se trata de un periodista de investigación con información comprometedora como Anna Politóvskaya ni de un exespía descontrolado como Alexánder Litvinenko, sino de todo un ex viceprimer ministro, un hombre que, al margen de sus duras críticas al Gobierno, mantenía contactos con él y cultivaba relaciones importantes en medios oficiales. Sobre todo, su asesinato es sorprendente porque no se ve qué utilidad podría tener para el que, en principio, parece el principal sospechoso: el Kremlin o alguna de sus ramificaciones. Porque, aunque respetado, Nemtsov no era poderoso. Su lugar en la oposición rusa era marginal. Era incómodo para el Gobierno, pero no tanto como para asumir el coste de quitarle de en medio. La insinuación que trataban de diseminar ayer los medios oficiales de que su muerte sería una provocación para dañar al Gobierno es absurda, pero un asesinato por orden directa de Putin tampoco encaja del todo.
¿Quién, entonces? Últimamente, Nemtsov dedicaba sus energías a denunciar la política de Moscú en Ucrania. Es un asunto muy delicado porque para la inmensa mayoría de los rusos la lucha de los rebeldes de Donetsk y Lugansk es una causa justa, y en torno a ella se ha creado una amalgama muy peligrosa de combatientes voluntarios, ultranacionalistas y elementos de los servicios de Inteligencia. Quizá el informe sobre la participación rusa en la guerra que estaba preparando Nemtsov inquietó a alguno de esos sectores, pero ni siquiera hace falta esa explicación. El fanatismo que ha despertado la guerra de Ucrania puede haber bastado para que algún grupo, vinculado o no a los servicios de seguridad, planease la muerte del político por considerarlo un traidor al país. El grado de opacidad de la investigación será lo que nos permita intuir el grado de implicación de los aparatos del Estado.
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