El caso Walid Makled y las paradojas de la justicia de la Venezuela bolivariana

Detienen al magistrado que lo juzgo por condenarlo «solo» a 14 años y medio


Redacción. la voz

El pasado martes, de madrugada, el juez venezolano Alí Fabricio Paredes, después de casi tres años de juicio, hacía pública la condena de 14,5 años de cárcel impuesta, casi cinco años después de su detención en Colombia,  a Walid Makled García, un ciudadano venezolano de origen sirio-libanés que, cuando fue detenido en septiembre de 2010, era el número tres de los capos del narcotráfico más buscados del mundo por las autoridades norteamericanas. Horas más tarde, a petición de la Fiscalía de la República, sin esperar a conocer el texto de la sentencia, era detenido el juez Alí Fabricio Paredes, acusado  de «favorecimiento de procesados».

El sorpresivo desenlace del proceso contra los Makled, que solo fue condenado por tráfico  de drogas y blanqueo, se produjo unos días después de que se hiciese público que Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, se había convertido en testigo protegido de la DEA (agencia antidroga americana) y le había denunciado como el jefe del denominado cartel de los Soles (los generales), aportando valiosas pruebas documentales.

Chavista radical

Otro dato no menos sorprendente de esta historia es que el juez Fabricio Paredes es un chavista radical delo que dejó constancia en la web del PSUV, el partido del Gobierno. «Doy la vida por la revolución porque la llevo en la sangre, jamás le sería desleal al Presidente de la República», escribió.
Desde hace cinco años se encargó del caso de la jueza María Lourdes Afiuni, a la que Chávez mandó detener después de que esta hubiese ordenado la libertad provisional del empresario Eligio Cedeño que estaba detenido por presunta corrupción en el manejo de divisas y al que se le había agotado el período máximo legal de prisión provisional.
El juez ahora detenido, no solo había acatado las instrucciones impartidas por Chávez en medio de un programa de televisión,  acusando a la jueza de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración, sino que se ensañó con su colega negándole el traslado a un centro hospitalario para que recibiera atención médica. Un líder opositor  -Diego Arria- se refiere a él como uno de pistoleros de la masacre de Puente Llagano en la que el 11 de abril de 2002 perdieron la vida 19 personas.

¿Un montaje?

Juristas venezolanos consultados no ven descabellada la hipótesis de que «todo puede ser un montaje» para justificar la benignas condenas impuestas a Los Makled para comprar su silencio.

Del proceso contra Makled llama la atención el hecho de que el juez no tomase en consideración otros cargos que pesaban contra él  sicariato - homicidio calificado- por haber ordenado la muerte de un veterinario que había sudo testigo de la droga incautada en la hacienda del clan y los movimientos de gente que se efectuaban en dicha propiedad.

También estaba acusado de ordenar la muerte de un periodista  en enero de 2009 porque escribía sobre corrupción y narcotráfico en Carabobo, preguntándose de dónde salían los recursos para regalar electrodomésticos, artículos para el hogar y bolsas de comida en barrios deprimidos y para donar a la gobernación de Carabobo 6 millones de bolívares fuertes (1.395.348,84 dólares). Por cada una de esas muertes podía haber sido condenado a 17 años de cárcel.

Tampoco fue condenado  por el delito de asociación para delinquir del que igualmente estaba acusado y cuya pena es de entre seis y diez años de cárcel, ni  el de ocultación de armas de fuego, castigado con penas de tres a cinco años.

Sus hermanos Álex y Basel solo lo fueron a sendas penas de ocho y seis años de cárcel por blanqueo de capitales.

Con los años cuatro que lleva en prisión, de serle confirmada la condena de 14 años y medio, no tardará Makled no tardará salir pronto a la calle.

El juez Ali Fabricio,  que fue tan benevolente con ellos, compareció ayer ante el tribunal 33 de Caracas como imputado y estuvo asistido  por 6 abogados. En el caso  hipotético que resulte condenado, el delito que se le imputa -favorecimiento de procesados- está castigado con pena de tres a seis años pero nunca ingresará en prisión, ya que la última reforma del Código Procesal Penal solo prevé el ingreso para penas superiores a ocho años.

La mayor pesadilla de Chávez que supo capitalizar Santos

Siete años después de la caída en desgracia del clan de los Makled, que tantos servicios había prestado al chavismo en momentos tan difíciles como el paro petrolero de 2002, se abrigan pocas dudas de que fueron víctimas de la guerra entre el cartel de los Soles -los generales- y el de los Comisarios -la policía venezolana- por el control de las rutas de salida de la coca colombiana hacia Europa y EE. UU. 

Walid logró zafarse en la primera embestida, pero cayó dos años más tarde en Cúcuta (Colombia) con la decisiva ayuda de la DEA. El Departamento de Estado lo tenía clasificado entre los tres narcos más buscados del mundo que movía del orden de 10 toneladas mensuales de cocaína con destino a los mercados estadounidense y europeo. 
 Desde la cárcel le faltó tiempo para enseñar sus armas -la  relación nominal de generales, jueces, ministros, diputados y otros y otros altos cargos venezolanos  que  tenía comprados- y cundió el pánico en un Chávez que se veía corriendo la misma suerte que Noriega. 

Makled no tuvo reparos  en reconocer implícitamente que un DC-9 que en 2006 había salido del aeropuerto internacional de Maiquetía  con 5,5 toneladas de cocaína rumbo a Estados Unidos y que se había visto  forzado en un aterrizaje de emergencia en México era suyo, aunque precisó que no habría podido salir sin el conocimiento de los responsables del aeropuerto. 

El  presidente Santos tuvo la habilidad suficiente para extraditarlo a Venezuela y no a EE. UU. que también  lo reclamaba. Eso  sí, a cambio de que Venezuela saldase su abultada deuda  con los empresarios colombianos.

La DEA norteamericana se tuvo que conformar con la amplísima y documentada información  sobre el papel de Venezuela en el complejo negocio del narcotráfico internacional. Una información que  fue corroborada y ampliada con posterioridad con la fue, vía Costa Rica de Eladio Aponte, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y General, que había estado en la nómina de Makled.

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