La imputación de Cristina Fernández abre una grave crisis en Argentina
INTERNACIONAL
La Justicia la acusa por la investigación de Nisman en torno al atentado contra la AMIA
14 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Cristina Fernández fue imputada por encubrimiento en la causa que investiga el atentado contra la AMIA de 1994, que costó la vida a 85 personas en Buenos Aires. El acusador público federal Gerardo Pollicita presentó ayer el escrito después de evaluar la denuncia elaborada por el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su piso de un disparo en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de haber hecho pública su acusación contra la presidenta de Argentina.
Tras revisar el controvertido documento de Nisman, Pollicita consideró que había elementos para iniciar una pesquisa judicial y no solo dio curso a la acusación contra la presidenta, sino que requirió decenas de medidas de prueba ante el juez federal Daniel Rafecas. También imputó al ministro de Exteriores, Héctor Timerman; al diputado Andrés Larroque; al líder sindical Luis D?Elía y al dirigente de la coalición izquierdista Quebracho Fernando Esteche. La presidenta podría ser citada a una declaración indagatoria, presencial o por escrito, si el juez lo reclama. Pero para sentarla en el banquillo, antes debe lograr que sea destituida con mayoría de dos tercios de las dos cámaras del Congreso, donde el oficialismo es mayoritario.
Horas antes de conocerse la decisión de Pollicita, la Procuración del Tesoro de la Nación (Abogacía del Estado) había presentado un escrito ante el juez encargado de la denuncia de Nisman, que descalificaron como «un entramado ficticio» que «no aporta ninguna prueba objetiva». Los abogados alegan que en la imputación de Nisman no habría «conductas susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales tipificados» y aportaron documentos que «desbaratan las afirmaciones» de que la presidenta buscara la impunidad de los iraníes.
La exmujer, ante el Congreso
La exmujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, compareció ante el bloque opositor del Congreso, donde, tras afirmar que no es oficialista ni opositora, pidió a todos los poderes públicos una conducta «ética, prudente y responsable». Se quejó de que medidas de prueba pedidas por la fiscal sean conocidas por los medios antes que por ella misma, que es acusación particular.
Arroyo Salgado solicitó ante el Congreso un «veedor internacional» que se encargue de supervisar la investigación de la muerte de su exmarido y que la Defensora General de la Nación considere la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La medida del disgusto de Cristina Fernández por la nueva imputación la da su salida ayer mismo para El Calafate, su lugar habitual de retiro. No tanto por un viaje que estaba previsto para inaugurar varias obras públicas el fin de semana como por la fecha de regreso. A la presidenta no se la espera en la capital antes del jueves, al día siguiente de la manifestación silenciosa convocada por los fiscales que está agriando aún más la confrontación de la Justicia con el Gobierno.
El Gobierno califica de «golpismo judicial» la denuncia por encubrimiento
El Gobierno argentino echaba humo desde por la mañana ante la previsible imputación de Cristina Fernández, antes incluso de que se diera a conocer la decisión del sucesor de Nisman.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostenía antes del bombazo que la denuncia de Nisman contra la presidenta «es la operación más voluminosa de golpismo judicial», según recoge el diario Página 12. La embestida dialéctica de Capitanich sumaba impulso al escrito de la Procuración del Tesoro de la Nación para rebatir la denuncia de Nisman,
El ambiente de confrontación entre la Justicia y el Gobierno ya estaba bastante caldeado con la convocatoria de una marcha silenciosa el próximo miércoles en memoria del fiscal, a la que tienen previsto acudir numerosos colegas pese a las críticas de la Casa Rosada y a las denuncias de que desde la fiscalía «están pasando lista» para saber quiénes van. «No persigue una finalidad judicial, sino política», con la que «se busca el estrépito social», valoró Capitanich esta marcha, a cuyos organizadores calificó de «narcos» y «antisemitas».
Capitanich ofreció además una visión globalizada del problema argentino al hablar de una confrontación entre «la democracia y grupos oscuros [...] de la derecha más recalcitrante» que afectaría a Obama y a Dilma Rousseff.
Uno de los fiscales denunció que desde el ministerio público «están pasando lista» para saber qué fiscales van a acudir a la marcha. Afirmó que el Gobierno «quiere deslegitimar a los convocantes», al calificarlo de «narcos» y «antisemitas».