Brasil y Holanda llaman a sus embajadores tras ser fusilados en Indonesia dos ciudadanos suyos condenados por drogas

La sentencia se llevó a cabo tras una condena por narcotráfico

afp

Brasil y Holanda expresaron su indignación y llamaron a consultas a sus embajadores en Indonesia, después de que este país ejecutara a seis personas, entre ellas dos de sus ciudadanos, tras una condena por narcotráfico.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo sentirse «consternada e indignada» por el fusilamiento. Además de un ciudadano indonesio, fueron ejecutados cinco extranjeros, de Brasil, Holanda, Malaui, Vietnam y Nigeria. El del brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, condenado en el 2004 por introducir cocaína en el país, ha causado gran conmoción en su país de origen, pues se trata del primer brasileño ejecutado en el exterior en tiempos de paz.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, había pedido telefónicamente clemencia «como jefe de Estado y como madre» a su homólogo indonesio, Joko Widodo, Jokowi, pero este replicó que todos los recursos jurídicos habían sido agotados.

Legislación estricta

Estos fusilamientos son las primeras penas capitales bajo el mandato de Joko Widodo, que asumió el cargo en octubre. A pesar de su imagen reformista, Jokowi, como se apoda al presidente, ha dado su apoyo a la pena de muerte en un país que tiene una estricta legislación contra el tráfico de drogas. «La guerra contra la mafia de la droga no se puede llevar a cabo con medidas tímidas porque las drogas han arruinado la vida de los adictos y de sus familias», colgó ayer en Facebook. Jokowi ya había advertido que condenados no recibirían el perdón presidencial porque el país se enfrenta a una «emergencia» en su lucha contra las drogas.

Moratoria no oficial

Los condenados habían sido sentenciados a muerte entre el 2000 y el 2011 por tráfico de drogas. Sus peticiones de clemencia al presidente indonesio fueron rechazadas el mes pasado.

Desde el 2008, el Gobierno indonesio respetaba una moratoria no oficial sobre la pena de muerte pero en el 2013 reanudó las ejecuciones, aunque en el 2014 no se registró ninguna. En Indonesia quedan unas 60 personas en el corredor de la muerte, de las que la mitad son extranjeras. La dura postura de Widodo ha desatado el temor a que otros condenados sean ejecutados. Según el diario Folha de São Paulo, otro brasileño, Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 años, también está preso desde hace diez años por introducir cocaína en el país y podría ser ejecutado en febrero.

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