El mayor escándalo de elusión fiscal de la UE golpea de nuevo a Juncker

El jefe de la Comisión reconoce que está «objetivamente debilitado»

Juncker juró ayer su independencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Juncker juró ayer su independencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bruselas / Corresponsal

Suma y sigue. El mayor escándalo de elusión fiscal que ha vivido la Unión Europea en los últimos tiempos cuenta con un nuevo capítulo: Luxleaks II. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha revelado nuevas informaciones que vuelven a poner de relieve la estrecha relación entre las prácticas fiscales desleales que llevaron a cabo al menos 400 multinacionales y el Gobierno luxemburgués desde el año 2002 al 2010, cuando el actual líder de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, era primer ministro del Gran Ducado.

El ICIJ presentó a principios de noviembre una lista con los nombres de algunas de las firmas que evitaron pagar impuestos (Ikea, Pepsi, Amazon o Deutsche Bank, entre otras). En la nueva relación aparecen otras como Disney, Skype y Telecom Italia. Pero en esta ocasión cobra especial importancia el rol que desempeñaron cuatro grandes auditoras internacionales que mediaron entre las empresas y Luxemburgo para aliviar la factura de sus clientes con Hacienda: Deloitte, Ernest & Young, KPMG y PwC. Todas ellas habrían colaborado con las autoridades luxemburguesas en la creación de un régimen fiscal a la carta secreto que benefició a las compañías y supuso pérdidas de miles de millones de euros para las cuentas públicas de otros países europeos donde deberían haber tributado.

Juncker encajó ayer este nuevo golpe en una jornada muy simbólica, en la que tanto él como su equipo de comisarios juraron sus cargos ante la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo. En Bruselas su equipo de portavoces trataba de apagar el incendio: «El presidente Juncker está al 100% apoyando la lucha contra el fraude y la elusión fiscal», aseguró el portavoz comunitario, Ricardo Cardoso. Y es que el escándalo no da tregua al luxemburgués. La investigación cuenta con unos 28.000 folios de documentos y pruebas que amenazan con salir a la luz convirtiendo su legislatura en cinco años de calvario. Lleva poco más de un mes al frente del Ejecutivo y su credibilidad ya está por los suelos: «Objetivamente estoy debilitado. Luxleaks hace creer que he participado en maniobras que no responden a las reglas elementales de ética y de moral», reconoció Juncker al diario Libération.

Desde Bruselas apuntan que Juncker ya está trabajando en dos flancos. Por un lado quiere acabar con los «tax ruling» para que haya una competencia justa y, por otro, está preparando una propuesta para hacer públicas las informaciones sobre el régimen tributario que aplica cada país a las empresas e imponer una base común para el impuesto de sociedades. Luxemburgo, Holanda e Irlanda están siendo investigados por presuntas ayudas de Estado ilegales a varias compañías implicadas en el escándalo que contará con un expediente paralelo en los servicios de Competencia.

«Sale a la vista que la Comisión quiere luchar contra la competencia fiscal perniciosa y agresiva», aseguró Cardoso. No lo tenía tan claro el luxemburgués cuando hace apenas tres semanas defendía ante la Eurocámara estas prácticas asegurando que eran legales y que lo volvería a hacer.

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