La búsqueda se centra en la fosa hallada en el vertedero de la vecina Cocula
30 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.México sigue en vilo por el análisis forense de los restos humanos de una nueva fosa. La desesperación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace 33 días en Iguala no tiene límite. Con la angustia de no saber dónde están sus hijos, viajaron ayer hasta la capital de México para ser recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, un acto calificado por los analistas de más mediático que efectivo. El encuentro será totalmente privado: se celebrará a puerta cerrada y no habrá fotografías, según una condición impuesta por las familias.
Todos están pendientes del trabajo de los expertos, que han hallado restos humanos en la décima fosa clandestina encontrada en un socavón en medio de la maleza, junto a un vertedero de Cocula. A diez metros bajo tierra realizan su búsqueda los 20 peritos de la Fiscalía General de la República -pertrechados con trajes especiales-, dos perros, un avión no tripulado, dos pelotones de la Marina, tres agentes de la Interpol y un helicóptero de la Policía Federal. El fiscal general, Jesús Murillo Karam, pidió prudencia en tanto no se disponga de resultados concretos. El papa Francisco envió un mensaje de apoyo a las familias y rezó por «el pueblo mexicano, que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos», al término de la audiencia general. Incluso la Casa Blanca ha calificado de «preocupante» el caso.
Desde la desaparición de los jóvenes han sido encontradas diez fosas clandestinas con restos humanos. Hasta el momento, ninguno de los restos analizados corresponde a los alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa. Tampoco se sabe de quiénes son, porque pertenecen a los que figuran en la lista de los que están en paradero desconocido.
Ese es un escándalo más de los que zarandean al Gobierno de Peña Nieto, que ahora está volcado en solucionar el caso Iguala para acallar la indignación nacional y la estigmatización internacional que ha avivado el tema de la inseguridad en México y el de la desidia en la custodia de los derechos humanos.
Presiones a los detenidos
Si los restos hallados en el vertedero de Cocula de nuevo no son de los estudiantes, el Gobierno de Guerrero y, de rebote, el Gobierno federal tendrán que dar aún más explicaciones, por otra matanza terrible sin resolver.
El despliegue en esta zona se produce tras la detención de dos miembros de Guerreros Unidos que, según Murillo, confesaron «haber recibido un amplio grupo de personas» a las que asesinaron. Sin embargo, los padres creen que las autoridades presionan a los detenidos para que, como chivos expiatorios, se responsabilicen de un crimen que se resisten a admitir. Esperan, o más bien desean, que sus hijos aparezcan vivos. Una posibilidad cada vez más remota, a juzgar por las declaraciones de la Fiscalía.