Ángel Aguirre anunció su dimisión para «favorecer a un clima político» que permita resolver la investigación
24 oct 2014 . Actualizado a las 20:19 h.El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, se convirtió hoy en la primera víctima política de la noche violenta del 26 de septiembre en Iguala, en la que seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron a manos de policías.
En un mensaje a los medios en Chilpancingo, capital de Guerrero, el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció su separación del cargo para «favorecer a un clima político» que permita resolver la emergencia desatada hace casi un mes.
«La prioridad debe ser continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos sean castigados», dijo Aguirre.
«Esta es una decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo y al estado que me vio nacer, al pueblo al que me debo y al que le he dedicado gran parte de mi vida», aseveró el político del PRD quien explicó que ahora el Congreso deberá elegir «responsablemente» a la persona que continuará al frente del Gobierno de Guerrero hasta que concluya su mandato en octubre de 2015.
Su salida del poder era una de las principales demandas de los familiares de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de sus compañeros, que han protagonizado numerosas protestas para exigir el regreso a casa de los jóvenes.
Y, de hecho, en los últimos días las movilizaciones, en las que también participan miles de maestros, se han radicalizado con ataques a las oficinas del Gobierno estatal, del Congreso, de las instalaciones del PRD y de las alcaldías de Chilpancingo e Iguala.
Este anuncio se produce un día después de que se conociera que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, también del PRD, ordenó atacar a los estudiantes de Ayotzinapa aquella noche del 26 de septiembre, en la que también murieron seis personas y 25 resultaron heridas.
Abarca y su mujer, María de los Ángeles Pineda, recibían cada mes elevadas sumas de dinero del cártel de los Guerreros Unidos, cuyos integrantes fueron los encargados de hacer desaparecer a los jóvenes en un cerro de Iguala, según se desprende de la principal línea de investigación que sigue la fiscalía.
Precisamente el procurador general, Jesús Murillo, se comprometió hoy a conseguir «tecnología punta» para buscar a los estudiantes, «tecnología satelital» que puede, por ejemplo, «saber cómo estaba el terreno y cómo se modificó», indicó el sacerdote Alejandro Solalinde tras encontrarse con el fiscal.
El defensor de derechos humanos se reunión con Murillo para compartir la información que tenía sobre este caso, tras haber recopilado el testimonio de varios testigos.
Con la tecnología de punta se podrán explorar mejor los terrenos en los que los narcotraficantes habrían enterrado a los jóvenes, según testimonios de varios detenidos y de otros que ha logrado Solalinde.
Los testimonios del religioso coincidirían «en un 80 %» con lo que sabe la procuraduría, aseguró Solalinde, quien explicó que sus fuentes le contaron que los estudiantes fueron llevados hasta un lugar donde había varias fosas y fueron quemados vivos y enterrados.
Incluso coincide el mapa que entregó a Murillo del lugar donde presuntamente habrían enterrado a los estudiantes y la zona en donde las fuerzas federales están buscándolos.
Solalinde le pidió a Murillo protección a las familias de los 43 estudiantes, «medidas cautelares para cuidar a estas personas», algo que está estudiando el Gobierno.
En opinión del sacerdote, el Gobierno es «el principal preocupado en encontrar dónde están», ya que «la presión social es muy grande» y «las movilizaciones no van a parar».
El presidente, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que «hace suyo el sentimiento de indignación» de la sociedad por la desaparición de los 43 estudiantes, aunque condenó los hechos violentos que se han producido, como la quema de los ayuntamientos de Iguala o Chilpancingo.
«Reconozco a las miles de personas que han unido su voz y expresado su sentir en un clima de respeto y civilidad, pero también como sociedad debemos rechazar aquellas actitudes violentas que atentan derechos de terceros» y a las instituciones, afirmó.
En un acto público en la capital mexicana, el mandatario consideró «incongruente exigir la aplicación de la ley con acciones que violentan el Estado de derecho como las ocurridas ayer en Iguala».