Baltasar Garzón ocupa un cargo de subsecretario de Estado en Argentina

El exmagistrado, que cobra unos 6.300 euros, asegura que puede ejercer «cualquier función pública salvo la de juez»


El ex juez español Baltasar Garzón ocupa un cargo con rango de subsecretario de Estado en el gobierno de Argentina, con un sueldo de 72.000 pesos (unos 6.300 euros), por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La jefa de Estado lo designó por decreto coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos en diciembre del 2012, luego de que en enero de ese mismo año Garzón fuera condenado por la Justicia española por prevaricato y escuchas telefónicas ilegales, publica el diario La Nación.También fue designado como presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), con acuerdo de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia.

Hasta el momento sólo se tenía conocimiento de que el ex juez español era asesor legislativo en Argentina. «Sigo siendo juez, cuando concluya la condena, me puedo reincorporar de forma inmediata», alegó Garzón en declaraciones por escrito al periódico argentino. «Puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Desde luego, un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país y también en España», sostuvo.

El abogado constitucionalista argentino Daniel Sabsay consideró sin embargo que en su designación «hay una violación flagrante del requisito básico de idoneidad que ordena la Constitución para acceder y ejercer cualquier cargo público». Garzón depende del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia. Portavoces de esa cartera consideraron que «la sentencia en España no impide ni invalida el nombramiento por el Estado argentino» porque «es de orden local» y «sólo aplicable en su ámbito territorial, el reino de España». Defendieron asimismo su designación al subrayar «el enorme aporte a la justicia universal realizado por el juez español». «Con la aplicación del principio de jurisdicción universal generó notables avances para la persecución y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que hoy son ejemplo en todo el mundo», señalaron.

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