Una ley acabará con los abusos de los inmigrantes al sistema de ayudas sociales
22 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los europeos que acudan a Alemania sin trabajo y con la intención de beneficiarse de su generoso sistema social lo van a tener difícil, por no decir imposible. El Gobierno de Angela Merkel prepara un proyecto de ley con una serie de medidas para acabar con este tipo de abusos que incluyen desde la expulsión con prohibición de entrar de nuevo en el país hasta multas e incluso penas de cárcel, así como una normativa más estricta a la hora de conceder las ayudas sociales.
El catálogo contempla también limitar a seis meses el permiso de residencia a los ciudadanos de la Unión Europea que llegan a Alemania en busca de trabajo. Si en ese tiempo no han encontrado empleo, tendrán que volverse a casa.
La elaboración de la ley se ha acelerado después de que el fiscal general del Tribunal de Justicia de la UE en Estrasburgo, Melchior Wathelet, anunciara que Alemania está en su derecho de negar el pago de ayudas sociales «para evitar abusos y una cierta forma de turismo social». Wathelet señaló que a los ciudadanos de la UE que se trasladen a Alemania con la sola intención de beneficiarse de su sistema social se les pueden negar las subvenciones llamadas Hartz IV, destinadas a los parados que ya han perdido el subsidio de desempleo pero que antes habían trabajado en el país o residían en él antes de llegar a la edad laboral.
La intervención de Wathelet se produjo, a instancias de un tribunal alemán, por el caso de una joven rumana que reclama las Hartz IV y que vive desde hace años con su hijo nacido en Alemania en casa de su hermana, en Leipzig. Nunca trabajó, ni en su país ni en Alemania, y tampoco buscó empleo. Pese a todo, percibe los 184 euros mensuales por hijo que concede el Estado y un adelanto de casi 200 euros mensuales de manutención por los pagos que no realiza el padre de su hijo. Con la ayuda Hartz IV, sus ingresos, todos ellos en forma de ayudas y subvenciones públicas, se habrían acercado a los mil euros. Un claro caso de abuso, para el tribunal de Leipzig.
El nueva ley contempla expulsar y negar el retorno al país durante hasta cinco años a los ciudadanos de la UE que den datos falsos o incompletos a las autoridades al solicitar ayudas sociales. Esa falsedad podrá llegar a ser castigada con hasta tres años de cárcel y una jugosa multa.
Y también prevé controlar estrictamente la concesión de las ayudas públicas por hijo, 184 euros mensuales para cada uno de los dos primeros, 190 euros para el tercero y 215 para el cuarto y los siguientes. Ayudas que se conceden hasta la mayoría de edad o el fin de los estudios. Quien quiera beneficiarse de ellas deberá presentar en el futuro su número de identificación fiscal ante la Hacienda alemana.
Rumanía y Bulgaria
Esta última medida está motivada por el creciente abuso desde que Rumanía y Bulgaria disfrutaran a comienzos del 2014 de la libre circulación de personas y mano de obra en la UE. Las ayuntamientos, que son quienes conceden las ayudas por hijo, se quejan de que son muchos los ciudadanos procedentes de estos dos países que van de «turismo social» a Alemania, donde, sin trabajar ni haber trabajado, registran a sus numerosos hijos, que siguen en su país de origen.
El proyecto de ley, elaborado por un equipo de secretarios de Estado de varios ministerios, podría estar listo para principios de junio y su aprobación por el Gobierno será inmediata.