Maduro echa mano del Supremo para intentar limitar las protestas

Gobierno y oposición mantienen sus posiciones después de la segunda reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la oposición


Caracas / Corresponsal

La segunda reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana no ha cambiado nada y ambas partes mantienen sus posiciones. La denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señala que para iniciar conversaciones debe procederse a una Ley de Amnistía y el Ejecutivo, por boca del propio Nicolás Maduro desestimó esta posibilidad y agregó que Iván Simonovis, comisario policial convertido en emblema de la oposición tras diez años en la cárcel, no obtendría una medida de gracia, pese a las graves dolencias de salud que padece.

«Maduro tiene en sus manos el destino del diálogo», indicó el parlamentario opositor Edgar Zambrano, quien lleva abogando desde 2009 por la libertad de Simonovis, condenado a 30 años de cárcel, en un controvertido proceso que según juristas está viciado de nulidad, por el golpe de Estado que derrocó brevemente del poder al fallecido Hugo Chávez en 2002. «Sin voluntad política, el diálogo no dará resultados», afirmó.

Sin embargo, Maduro dijo, en un acto de desagravio a los policías nacionales que han sido lesionados mientras confrontaban las protestas, que «Simonovis no es un preso político. Nunca fue un político, está condenado, ahí están las evidencias».

El acto se realizaba en paralelo a la reunión entre el Gobierno y la oposición, lo cual, según analistas, muestra la escasa voluntad del Ejecutivo para el diálogo, que es percibido en Venezuela como un ejercicio para ganar tiempo. Sin embargo, Henry Ramos Allup, dirigente del partido Acción Democrática y participante en las reuniones, dice que la MUD «aguantará la presión».

En todo ese panorama, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó una resolución que afirma que el derecho a la manifestación pacífica está limitado por los permisos que otorguen las autoridades, una medida que el alcalde del municipio caraqueño de Baruta y abogado constitucionalista Gerardo Blyde calificó de «insólita». La decisión, que según otros analistas busca poner fin a las protestas de los estudiantes, por lo pronto no parece haber hecho mella en estos. Juan Requesens, uno de los principales dirigentes estudiantiles del país, señaló que «seguiremos en las calles y no habrá sentencia del TSJ que lo impida».

El Supremo ha sido criticado por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por su falta de independencia y sumisión al gobierno.

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