Australia investiga abusos sexuales en una gran organización religiosa

Efe

INTERNACIONAL

La Asociación Cristiana de Jóvenes cuida a unos 11.000 niños cada semana, tiene 98 locales y emplea a 500 personas

21 oct 2013 . Actualizado a las 09:30 h.

Una Comisión gubernamental comienza hoy en Australia a escuchar los casos de abusos sexuales de menores cometidos en el seno de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), en el marco de una gran investigación nacional.

Esta comisión, que inició en abril las pesquisas sobre abusos perpetrados en instituciones religiosas, sociales o estatales del país, se centrará en las próximas dos semanas en el proveedor más importante de servicios de atención a los menores antes y después de las jornadas escolares en el estado de Nueva Gales del Sur.

La investigación analizará las políticas y los procesos de reclutamiento, capacitación y supervisión del personal que trabaja en el cuidado de niños de la YMCA y sus respuestas a las denuncias de presuntos abusos sexuales, según la cadena ABC.

Actualmente, esta organización, que cuida a unos 11.000 niños cada semana en este estado australiano, tiene 98 locales y emplea a 500 personas.

La directora ejecutiva de la comisión, Janette Dines, dijo que las audiencias contribuirán a que «la comunidad esté mejor informada sobre los riesgos cuando busque una institución que le brinde servicios de atención al menor fuera de los horarios escolares».

Entre los escándalos de abuso sexual a menores que ha empañado la institución está el del ex puericultor Jonathan Lord, quien tras trabajar dos años en la YMCA fue arrestado en 2011 acusado de abusos a 12 menores.

Lord fue sentenciado en enero a más de seis años de prisión por estos cargos, que incluyen dos violaciones de un niño menor de diez años y asalto indecente agravado de otro menor.

La creación de esta comisión fue anunciada en noviembre de 2012 después de que la Policía de Nueva Gales del Sur acusó a la Iglesia católica de encubrir casos de pedofilia presuntamente organizada, tratar de silenciar las investigaciones y de destruir pruebas cruciales para evitar procesos judiciales. EFE