El gobierno de Francia invita a no dejarse influir por la «emoción» en el caso de Leonarda

La polémica deportación de la alumna gitana Leonarda Dibrani ha obligado a dar la cara al ministro del Interior, Manuel Valls, y a los sindicatos de policía, en un nuevo intento por acallar unas críticas que no han acabado con la decisión de permitir su regreso pero no el de su familia.

El tono lo marcó ayer el presidente, François Hollande, en una comparecencia televisada en la que subrayó que aunque la expulsión fue conforme a la ley sí hubo una «falta de discernimiento» en su ejecución, que tuvo lugar durante una excursión escolar.

Teniendo en cuenta esas circunstancias «excepcionales», Hollande permitió el regreso de la joven en caso de que esta lo deseara pero no el de su familia, y anunció que se iban a reforzar las instrucciones en vigor para prohibir toda nueva interpelación en el marco escolar.

Dibrani ha dejado claro desde Mitrovica, en Kosovo, que no piensa volver sin sus padres ni sus cinco hermanos, y su rostro ha servido a los críticos contra la política de inmigración francesa, una de las más restrictivas de la Unión Europea, para poner de nuevo en el punto de mira al titular de esa cartera.

Sin salir del «rumbo»

«Nada me desviará de mi rumbo», dijo hoy Valls en una entrevista concedida al semanario «Journal Du Dimanche», en la que subrayó que «para que la inmigración se mantenga como una posibilidad, se deben controlar los flujos migratorios».

Los Dibrani habían agotado todos los recursos administrativos y judiciales para permanecer en Francia, con resultados fallidos, y su deportación la semana pasada, según insistió hoy el ministro, estuvo, por lo tanto, «justificada».

«Los extranjeros, incluso con familia o con niños escolarizados, cuando dejan de tener el derecho de estancia, tienen que dejar el territorio», subrayó desde JDD, donde calificó de «gesto de generosidad» la oferta de Hollande para que la joven vuelva, pero insistió en que el resto de su familia no tiene autorizada la vuelta.

Cientos de estudiantes contestaron ayer esta solución parcial, y las críticas, que desde hace una semana proceden más del campo de la mayoría gubernamental que de la derecha francesa, no han cesado en todo el fin de semana.

Los reproches han hecho salir a la palestra a sindicatos policiales como «Alliance» y SCSI, que en sendos comunicados han querido precisar que los agentes «no cometieron ninguna falta», sino que se limitaron a cumplir las instrucciones recibidas.

Esos agentes, según dijo hoy Valls, realizaron de forma correcta su trabajo, pero la constatación de que «hubo una falta de discernimiento debido a una cadena de intervención que mezcló a demasiados actores» le ha llevado a modificar la normativa vigente.

Actuaciones fuera de la escuela y sus actividades

A partir de ahora, según la nueva circular enviada anoche a los prefectos de policía, no se podrá actuar no solo dentro de la escuela o en sus alrededores, sino en el marco de todas las actividades organizadas por las autoridades escolares, aun cuando los padres o el tutor del menor hayan autorizado la intervención.

Los sindicatos estudiantiles, que han prometido una gran manifestación nacional para el próximo 5 de noviembre, han lamentado que el fondo del asunto, la escolarización de esa persona, se siga viendo afectada, pero según Valls, la «emoción» que suscitan este tipo de casos «no puede ser la única brújula» de la política.

Se trata de la primera vez que desde que explotó la polémica ofrece públicamente su versión, pero en todo este tiempo asegura no haber pensado en tener que dimitir si se hubiera permitido la vuelta de la familia al completo, porque siempre confió en que se hallara una solución que «respetara la fuerza de la ley».

«Solo hay una línea: La aplicación firme del Derecho. Y no es contradictoria con un gesto de generosidad conforme a los valores de Francia», explicó en ese semanario, haciendo al mismo tiempo un llamamiento para que los medios de comunicación «dejen tranquila» a la joven y paren de «utilizarla».

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