Pescadores de Lampedusa acusan a la Guardia Costera de retardar el rescate
INTERNACIONAL
Obligada por la ley, la Fiscalía interroga a los inmigrantes y los acusa de clandestinidad
06 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.A la polémica de Italia con la Unión Europea sobre la política de inmigración se une ahora la desatada entre los pescadores que acudieron a socorrer a los náufragos de Lampedusa y la Guardia Costera. Según Vito Fiorino, propietario del Gamar, uno de los pesqueros que avistó la lancha de inmigrantes, eran las 6.30 cuando llamaron a la Guardia Costera, que no llegó al lugar hasta una hora más tarde.
«Habíamos cargado a bordo 47 personas, pero ellos eran demasiado lentos. Se podía haber hecho más y más rápido», dijo. Además criticó la actuación de los militares. «La gente se revolvía en el agua y ellos hacían fotografías. Nosotros les hacíamos subir de cuatro en cuatro. Solo eso nos importaba y cuando mi barco estuvo lleno de inmigrantes y pedimos a la Guardia de Finanzas y a la Costera que los subieran a bordo, dijeron que no era posible y que teníamos que esperar la autorización de Roma».
Unas duras declaraciones que Fiorino acompañó de un reto: «¿Ahora quieren denunciarme y secuestrarme el barco porque salvamos personas? Que vengan, los espero».
La Guardia Costera se vio obligada a dar su versión de lo ocurrido: «Después de recibir el aviso de alarma vía radio a las 7, intervenimos inmediatamente con nuestras unidades navales llegando al sitio del naufragio antes de las 7.20. Gracias a la cooperación con sujetos privados, salvamos a todos los que estaban en el agua arrancando del mar 155 vidas».
Los pescadores de Lampedusa homenajearon ayer a las víctimas del naufragio con una corona en el mar y las sirenas de siete barcos. A quienes aseguran que los barcos no socorren a los inmigrantes por miedo a la ley Bossi-Fini, el mismo Fiorino explicó que «no es posible no dar la alarma o no pararse cuando se ve una lancha». Y añadió que «si no fuese por nosotros, los muertos habrían sido más».
A las críticas a la ley que penaliza la ayuda a indocumentados se unió ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini. Visitó el centro de acogida de la isla en el que se hacinan más de mil personas pese a que su capacidad es para 300. «Con medidas represivas no se soluciona el problema», declaró.
De los 155 supervivientes hay 41 menores y algunos afrontaban el viaje solos. «Están traumatizados», explicó Filippo Ungaro, de Save the Children. Todos vienen de Eritrea y pasaron por Libia, donde han estado en condiciones pésimas. Contaron haber pagado unos 1.500 dólares y su intención es viajar a otros países europeos en los que tienen familiares.
Mientras, los adultos están siendo interrogados por la Fiscalía de Agrigento que, tal como prevé la ley Bossi-Fini, les ha acusado de delito de clandestinidad. El fiscal Renato Di Natale justificó que «estamos obligados por la ley». Las investigaciones intentan aclarar si el tunecino arrestado era uno de los organizadores del viaje o como él declara, un pasajero.
A causa del mal tiempo tampoco ayer fue posible para los submarinistas alcanzar el casco de la lancha bajo el que se cree hay entre 100 y 200 cuerpos. Las autoridades italianas se planteaban ayer reflotarlo.