El desalojo de gitanos rumanos fractura al Gobierno de Hollande

El presidente endurece su posición a seis meses de las municipales

la voz

El desalojo de campamentos de gitanos rumanos y búlgaros continuó ayer en Francia, lo que tuvo el efecto de hacer subir el tono de la polémica y la división en el Gobierno de François Hollande. La policía desmanteló a unos 200 romaníes asentados a las afueras de Roubaix, una ciudad fronteriza con Bélgica y vecina de Lille, donde la pasada semana fue desalojado otro asentamiento.

La mecha de la polémica la prendió hace tres días el ministro del Interior, Manuel Valls, al abogar por llevar a la mayoría gitanos de Rumanía y Bulgaria «hasta la frontera» por su nula voluntad de integrarse en el país. Sus palabras fueron criticadas por sus colegas socialistas y por miembros del Gobierno. La más dura fue la ministra de Vivienda, Cécile Duflot, que le acusó de transgredir las reglas de la República francesa.

La prensa gala destaca, sin embargo, que Hollande ha endurecido su posición y estaría ahora más cerca de la línea de Valls, pese a que durante la campaña que lo llevó al Elíseo no ahorró criticas a los desalojos ordenados por Nicolas Sarkozy, calificándolos de «inmorales e ilegales».

Tratando de zanjar la polémica, el primer ministro Jean-Marc Ayrault aseguró el jueves que la política del Ejecutivo es común y está resumida en una circular firmada por todos los ministros en agosto del 2012. Pero ayer el Defensor del Pueblo acusó al Gobierno de incumplir las normas sobre los desahucios incluidas en dicho reglamento

En el verano del pasado año, Hollande inició los desalojos y expulsiones de gitanos intentando seguir una línea conciliadora «de firmeza y humanidad», que ahora le acusan de abandonar. Valls ha sido el ejecutor de ese cambio, animando a los ayuntamientos a desmantelar las barriadas ilegales de romaníes y a ofrecer los expulsados vuelos gratis a sus países de origen.

Más de 50 desalojos

Según la Liga de los Derechos Humanos de Francia, solo entre julio y septiembre 5.000 romaníes se han quedado sin su lugar de residencia. En concreto, las fuerzas de seguridad han realizado 56 desalojos a los que se suman otras cinco evacuaciones tras un incendio con medio millar de damnificados. La oenegé también ha constatado «un número creciente» de campamentos que son abandonados por sus habitantes ante una inminente intervención de la policía, «para evitar traumas y pérdida de sus bienes».

«Cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes como el presupuesto o las deudas, se desquitan con los gitanos», declaró la locuaz eurocomisaria de Justicia, Viviane Reding, que ya en el 2010 amenazó con sanciones a Sarkozy si no detenía las expulsiones.

Pero más que una cortina de humo ante la crisis, las declaraciones de Valls estarían más relacionadas con la celebración dentro de seis meses de las elecciones municipales, en las que, según los sondeos, el ultraderechista Frente Nacional tendrá un resultado histórico tras una campaña basada en la seguridad y en contra de los inmigrantes.

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