José Dirceu, que fue ministro de Presidencia, aún tiene una última y remota posibilidad de salvarse de prisión
30 ago 2013 . Actualizado a las 00:44 h.La Corte Suprema de Brasil ratificó hoy la condena a diez años y once meses de prisión que le impuso a José Dirceu, el principal acusado de los escándalos que en el 2005 pusieron en apuros al entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El tribunal rechazó las apelaciones presentadas por Dirceu, quien en la época era considerado la «mano derecha» de Lula y que aún tiene una última y remota posibilidad de salvarse de la cárcel, la cual reposa en unos recursos aún no discutidos por el Supremo que piden la celebración de un nuevo juicio. Esos últimos recursos serán analizados por los jueces una vez que concluya la actual fase de apelaciones del proceso que, en diciembre del 2012, condenó a 25 de los implicados en las corruptelas, que fueron desde la financiación ilegal de campañas hasta el soborno de parlamentarios de cuatro partidos políticos.
Si los únicos recursos restantes también son rechazados, Dirceu, de 67 años, deberá cumplir su pena en régimen de reclusión, debido a que el beneficio del sistema semiabierto, que permite que los presos sólo duerman en prisión, solo se aplica a aquellos que son condenados a menos de cuatro años.
El llamado «juicio del siglo» estableció que el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980 y al que pertenece la actual presidenta Dilma Rousseff, tejió una red de corruptelas a partir del 2002, cuando el exsindicalista llegó al poder por vez primera. La trama, denunciada en el 2005, permitió recaudar dinero público de forma ilegal y sobornar a dirigentes de cuatro partidos políticos, que de ese modo se unieron a la base oficialista en el Congreso y dieron al Gobierno de Lula la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
Dirceu era en la época ministro de la Presidencia, un cargo desde el que se controlan todos los resortes del poder y que es casi equivalente a un primer ministro, y fue, según el tribunal, el «jefe de la pandilla» que, de acuerdo con cálculos del tribunal, movilizó cerca de 52 millones de euros. A pesar de su proximidad con muchos de los condenados, Lula no fue procesado debido a que el Supremo no halló pruebas documentales sobre su supuesta participación en los hechos, que fue denunciada por algunos de los implicados.