Londres afirma que su centro de escuchas actúa dentro de la legalidad

La Voz PATRICIA SOUZA / EFE

INTERNACIONAL

«The Guardian» asegura que los servicios secretos británicos utilizan desde el 2010 el programa de ciberespionaje de Estados Unidos

09 jun 2013 . Actualizado a las 18:02 h.

El Reino Unido defendió este domingo que sus servicios secretos actúan dentro de la legalidad y con las preceptivas autorizaciones, tras divulgarse que colaboran con el masivo programa de ciberespionaje de Estados Unidos.

El ministro británico de Exteriores, William Hague, hará mañana una declaración ante la Cámara de los Comunes después de que The Guardian publicase que el centro de escuchas y decodificación de los servicios secretos británicos utiliza desde el 2010 un programa secreto estadounidense, Prism, para recolectar información privada de los principales servidores de Internet.

Una revelación que se une al goteo de filtraciones, la mayoría a ese diario británico, sobre la vigilancia en las comunicaciones telefónicas y digitales de millones de usuarios llevado a cabo en secreto por la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) de Estados Unidos, dentro y fuera de sus fronteras.

Hoy, en un programa dominical de la BBC, Hague salió al paso de la creciente polémica a ambos lados del Atlántico por este supuesto espionaje al negar que el centro de escuchas británico GCHQ, ubicado en Cheltenham (oeste de Inglaterra) y cuyas actividades son secretas, sortee la legalidad.

El ministro eludió «confirmar o negar» si los servicios secretos del Reino Unido utilizan el programa Prism, creado por la agencia de ciberespionaje estadounidense y se limitó a señalar la importancia de la colaboración entre ambos países para hacer frente a la amenaza terrorista internacional.

«La idea de que los empleados del GCHQ se ocupen de cómo sortear las leyes británicas con otra agencia en otro país es algo ilusorio, es una tontería», dijo el responsable del 'Foreign Office', quien insistió en el «estricto marco legal» con el que opera.

Según Hague, la actuación del GCHQ está siempre «autorizada, es necesaria, proporcionada y va dirigida» contra posibles amenazas, por lo que los ciudadanos británicos que cumplan la ley, aseguró, «no tienen nada que temer» de los servicios secretos.

La existencia del programa Prism se desconocía hasta que esta semana The Guardian y The Washington Post filtraron una serie de documentos secretos que hablan de una vigilancia generalizada, hasta ahora desconocida, en las comunicaciones telefónicas y digitales de millones de usuarios en todo el mundo.

Prism ofrece un acceso rápido a correos electrónicos, fotografías y vídeos alojados en los servidores de las nueve principales compañías de internet del mundo, entre ellas Google, Facebook o Apple.

Las autoridades de Estados Unidos aseguran que las empresas de Internet han dado su autorización al uso de esos datos, algo que Google ha negado.

Washington ha defendido que, ante la amenaza terrorista, es preciso mantener un equilibrio entre la seguridad y la privacidad pues ninguno de esos derechos puede defenderse al 100 por ciento, argumento con el que William Hague se mostró hoy de acuerdo.

En el Reino Unido la Cámara de los Comunes está a la espera de recibir un informe pormenorizado del GCHQ, que, al ser consultado por el diario británico, aseguró haber sido muy riguroso con el marco legal en el Reino Unido.

Según The Guardian, la agencia británica generó 197 informes secretos a través del sistema Prism durante un año hasta mayo del 2012, lo que representa un aumento del 137 por ciento con respecto al 2011.

En otro programa televisivo, el ministro de Empresas Vince Cable, del Partido Liberaldemócrata, que gobierna en coalición con los conservadores de David Cameron, respaldó hoy la colaboración con EEUU ante la amenaza terrorista, si bien destacó que el espionaje debe ser «proporcionado» y bajo vigilancia «legal y política».

Sin embargo, entre las voces críticas que se han escuchado en el Reino Unido figura la del inventor de la página web, Tim Berners-Lee, quien alertó de que los gobiernos «tratan de controlar internet» y que la vigilancia secreta de las comunicaciones digitales supone una violación de los derechos humanos.