Laura Chinchilla usó la aeronave para desplazarse a Venezuela y Perú
17 may 2013 . Actualizado a las 00:13 h.El Gobierno de Costa Rica afirma que ha sido víctima de un «engaño» al aceptar que una empresa de la que es ejecutivo un colombiano supuestamente vinculado con el narcotráfico prestase un avión privado a la presidenta Laura Chinchilla, pero la oposición considera el caso como un ridículo y el escándalo no cesa.
Chinchilla anunció en un comunicado el miércoles que ese mismo día aceptó la renuncia de su ministro de Comunicación, Francisco Chacón, por este asunto, calificó lo ocurrido como «inadmisible» y aceptó que la imagen del país y hasta su propia seguridad quedaron expuestas.
Por ello, agregó que «ordenará en las próximas horas las acciones necesarias para que nunca más se repita».
El fiscal general, Jorge Chavarría, dijo este jueves a una emisora que el mayor error fue la falta de comunicación entre el despacho de la presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad.
Chavarría reconoció a la emisora ADN que existía un expediente sobre Gabriel Ricardo Morales Fallón, ejecutivo de la empresa propietaria del avión, THX Energy, sin actividad en el país, que facilitaron las autoridades colombianas, pero que nunca se le relacionó con la firma ni con el Gobierno.
Según la versión del Gobierno, Morales Fallon se presentó el pasado 8 de mayo ante el entonces ministro Chacón y la asistente personal de Chinchilla, Irene Pacheco, con el nombre de Gabriel O'Falan.
El colombiano, que también tiene la nacionalidad costarricense y carece de antecedentes en este país, ha sido denunciado ante la Fiscalía por suplantación de identidad.
Los denunciantes fueron Chacón, cuando todavía era ministro, y el comisionado Antidrogas de Costa Rica, Mauricio Boraschi, quienes reconocieron que fallaron todos los protocolos de seguridad.
Las autoridades se enteraron de la verdadera identidad del ejecutivo de THX el partes gracias a investigaciones periodísticas.
Para entonces Chinchilla ya había viajado en dos ocasiones en el avión de THX: en marzo al funeral de Hugo Chávez en Caracas y el pasado fin de semana a Perú para asistir a una boda.
Medios colombianos han ligado durante años a Morales con el reconocido narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias «Chupeta», pero esas acusaciones no han sido nunca probadas.
Sin embargo, en 2003 Morales apareció en los registros de las autoridades colombianas por una millonaria importación irregular de lujosos autos.
En 2009 se le vinculó con un escándalo por uso ilegal de dineros de una petrolera y en 2010 fue condenado en Colombia por falsedad material de documento público agravado, aunque apeló y fue absuelto.
Boraschi aseguró que en este momento sobre Morales no pesa ninguna orden de captura ni en Colombia ni en Costa Rica, y que no cuenta con antecedentes penales en el país centroamericano.
«Una amenaza clara de infiltración de crimen organizado»
La diputada del opositor Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz, calificó hoy ante los periodistas lo ocurrido como un «ridículo» para el país.
«Hacemos el ridículo. Se expone la presidenta misma y la imagen del país con una ingenuidad increíble», expresó.
Para el diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana, el caso «demuestra que acá no se hace el trabajo que corresponde y no se toman en serio asuntos como la seguridad».
«No es posible poner a la presidenta a montarse en un avión sin saber a quién pertenece ¿Qué hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad?», se preguntó hoy Céspedes.
Para otros, como el diputado izquierdista José María Villalta, lo ocurrido «ya no es error ni descuido, sino una amenaza clara de infiltración de crimen organizado del más alto nivel en las esferas del Gobierno».
Boraschi aseguró que «la vida de la presidenta está bajo nuestra tutela» y que en efecto, en esta ocasión, «no hubo una verificación suficientemente estricta de los antecedentes de los personeros de la empresa».
Chinchilla expresó en su comunicado su «profunda preocupación» por «la cadena de fallos» que hizo que no se implementaran los filtros que hubieran permitido conocer el vínculo del avión utilizado con «una persona cuestionada por actividades ilícitas».