Atribuyen a un «accidente médico» la muerte de una mujer en Irlanda a la que le negaron el aborto

Efe

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Pese a que su salud se deterioraba, los facultativos se negaron a practicarle un aborto alegando que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto

19 abr 2013 . Actualizado a las 20:09 h.

La muerte de Savita Halappanavar, fallecida en un hospital irlandés después de que los médicos se negasen a practicarle un aborto, fue consecuencia de un «accidente médico», según determinó hoy un juzgado de la localidad de Galway (oeste de Irlanda).

Savita, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció el 28 de octubre de 2012 de septicemia después de que los médicos del Hospital de Galway se negaran a practicarle un aborto, tras alegar que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto, pese a que la salud de la mujer se deterioraba.

Tras dos semanas de una investigación judicial instruida por el magistrado Ciaran MacLoughlin, el jurado, compuesto por seis hombres y cinco mujeres, decidió hoy por unanimidad atribuir la muerte de la mujer a un «accidente médico», al tiempo que efectuaron «nueve recomendaciones» para abordar casos similares en el futuro.

Según el veredicto, la muerte por «accidente médico» estuvo precedida de una serie de «deficiencias o fracasos sistémicos» en el tipo de cuidado facultativo que se ofreció a Savita antes de fallecer, pero recalcó que su muerte no fue provocada por esas «deficiencias o fracasos».

La mujer falleció tras sufrir un aborto involuntario en un hospital de esa localidad irlandesa y después de que los médicos procedieran a la extracción del feto inerte.

Este caso provocó una gran conmoción en Irlanda, lo que obligó al Gobierno de Dublín a revisar la actual normativa sobre el aborto, una de las más restrictivas de Europa, y a comprometerse a presentar antes del verano una ley al respecto.

La nueva ley sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas cuando la vida de la madre corre peligro, pero que sigue directrices muy vagas recogidas en la Constitución, lo que deja esta cuestión en manos de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a ese vacío legal o por convicciones religiosas.

Durante la investigación judicial, cuyo veredicto se limita a resumir las circunstancias que rodean a una muerte y sus causas y que no conlleva una condena contra individuo alguno, varios testigos recalcaron que Savita estaría hoy viva si los médicos hubiesen procedido a la terminación de su embarazo.

No obstante, recordaron que el «aborto involuntario», es decir la muerte del feto, ocurrió antes de que se planteara un «riesgo real y substancial» para la vida de la madre, motivo por el que los médicos no terminaron el embarazo.

En este sentido, McLaughlin recomendó al Consejo Médico de Irlanda que redacte un manual de actuación en el que detalle las «circunstancias exactas» en las que un médico puede «intervenir para salvar la vida de la madre», de manera que se ofrezca «claridad» a los pacientes y los profesionales.

Aunque se desconoce aún el contenido de la nueva ley, el Ejecutivo ha asegurado que estará reforzada con «regulaciones» y que ofrecerá «claridad y certeza sobre el proceso por el que se decide cuándo es permisible la terminación de un embarazo».

Para el Gobierno, el aborto debe ser «permisible cuando existe un riesgo real y sustancial para la vida -en vez de para la salud- de la mujer y este riesgo solo puede evitarse con la terminación del embarazo».

El proyecto de ley tratará de acabar con el vacío legal desde que el Tribunal Supremo de Dublín ampliase en 1992 las situaciones en las que se puede interrumpir un embarazo si la vida de la madre corre peligro para incluir, entre otras, la amenaza de suicidio.

Hace dos años la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer enferma de cáncer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.