Miembros del Consejo de Derechos Humanos, una institución oficial del Gobierno ruso, denunció ayer la ola de registros «sin precedentes» en las oenegés de defensa de los derechos humanos, afirmando que las inspecciones están destinadas a paralizar su trabajo y a silenciar las escasas voces críticas que existen en Rusia, según AFP.
Fiscales rusos e inspectores de impuestos registraron ya al menos cien importantes ONG rusas y extranjeras, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
«Esto no tiene precedentes en los últimos 25 años», afirmó Serguei Krivenko, responsable del grupo de defensa de derechos humanos Memorial y miembro del Consejo de Derechos Humanos del Kremlin. Krivenko comparó esos allanamientos con la presión a la sociedad en la era del dictador Stalin.
El presidente Vladímir Putin defendió ayer los registros, aunque advirtió contra los excesos denunciados por activistas, que calificaron de ilegales las inspecciones. «La Fiscalía General está obligada a comprobar la legalidad de las acciones de los órganos estatales y de las organizaciones», dijo, según Efe. El jefe del Kremlin pidió al Defensor del Pueblo, Vladímir Lukín, que lo mantenga informado sobre las inspecciones.