Londres y Edimburgo se embarcan en una guerra de documentos sobre las consecuencias de la independencia
11 feb 2013 . Actualizado a las 22:35 h.El Gobierno británico quería abandonar las discusiones sobre el procedimiento para que Escocia llegue a la independencia y concentrarse en la sustancia. Deseaba resaltar los elementos positivos de la unión y evaluar los costes de la separación. Ayer presentó el primer documento de esta nueva fase, que versa sobre la forma actual de gobernación y sobre las consecuencias legales de la independencia con respecto al resto del mundo.
El Gobierno escocés presentó su propio documento, el de una comisión nombrada por el Ejecutivo de Edimburgo y presidida por el exdirector del instituto de promoción de la empresa y de la inversión exterior en el Gobierno regional. La comisión incluye a dos premios Nobel de Economía y ha escrito un primer informe detallado sobre el marco adecuado que tendría la independencia para Escocia y para Reino Unido.
Es una batalla de documentos como prólogo del año electoral. El que presentó el Gobierno de Londres es el primero de una serie de trece, que irá publicando en los próximos doce meses y que ofrecerán una opinión sin sesgo alguno, según el vice primer ministro, Nick Clegg. «Es crucial que el debate del referéndum esté adecuadamente informado», dice en uno de sus primeros párrafos, pero no es tan neutral como pretende el Gabinete.
«El éxito de Escocia dentro de Reino Unido continúa hoy», dice en su primera página. Describe la autonomía actual como «un sistema de Gobierno flexible y eficiente». Y la primera parte del libro de cien páginas que incluye todos los anexos termina con la siguiente conclusión: «El análisis de este capítulo ha demostrado que la autonomía significa que Escocia tiene dos gobiernos trabajando por sus intereses, cada uno en las áreas más idóneas para su papel».
La segunda parte es más neutral y es el resultado de un encargo del Gobierno a dos profesores de Derecho Internacional, uno de Cambridge y otro de Edimburgo. Llegan a la conclusión de que lo que quedaría de Reino Unido tras la independencia de Escocia heredaría los derechos y obligaciones legales anteriores, como ocurrió cuando la hoy república independiente de Irlanda se separó de Reino Unido en el principio del siglo XX para constituir el Libre Estado Irlandés.
No los heredaría Escocia, que tendría que solicitar su ingreso en la ONU o en el Fondo Monetario Internacional. En el aspecto más polémico, la pertenencia a la Unión Europea, la opinión de ambos expertos es que es probable que Escocia tenga que solicitar su acceso y someterlo a la aprobación unánime de los Estados miembros tras negociar los términos.
Pero afirman que no es inconcebible que se negocie una transición más simple con la UE.
De los 230 organismos centrales del Gobierno, que emplean a 490.000 personas, 140 ejercen funciones que afectan a Escocia. Habría que desmontar todo eso y negociar también tratados internacionales bilaterales... Londres señala esas circunstancias y luego subraya que no opina sobre el plazo de 18 meses propuesto por el Ejecutivo de Edimburgo entre el referéndum, en otoño de 2014 y la constitución de un Gobierno independiente, en mayo de 2016. Uno de los profesores, James Crawford, de la Universidad de Cambridge, aguó un tanto la fiesta al decir que ese año y medio le parece razonable.
Unidad económica
Para la vice ministro principal de Escocia, Nicola Sturgeon, el documento de Londres muestra su arrogancia. «Es una mera opinión», afirmó ayer, «hay otras». Pero su Gobierno presentó como veredicto el informe del Grupo de Trabajo Comisión Fiscal que presentó un denso estudio sobre el futuro de la Escocia independiente desde el punto de vista económico.
Los expertos promueven en este caso la máxima relación con el resto del actual Reino Unido.
Dicen que sería mejor para Escocia conservar la moneda británica, que tendría que buscar entendimiento sobre las cuestiones fiscales y monetarias, crear si fuera posible una comisión mixta para la macroeconomía con el Gobierno de Londres y pedir una participación en las decisiones del Banco de Inglaterra. Ambos informes, a pesar del envoltorio propagandístico, obligan a los interesados al estudio detenido. Y son los primeros de una larga serie en esta contienda intelectual.