Los jordanos votaron ayer la composición de su nueva Cámara baja, agobiados por la crisis y con la esperanza de que mejoren sus condiciones de vida, aunque el boicot de los islamistas, principal fuerza de la oposición, empaña la legitimidad del Parlamento resultante.
El presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), Abdulilá Jatib, anunció que la participación alcanzó el 56,5 % de los votantes registrados para las elecciones, cuyo horario se extendió una hora. En total votaron 1,3 de los 2,3 millones de jordanos que se registraron, un número reducido teniendo en cuenta que 3,5 millones tenían derecho a voto.
El aumento en los últimos meses del paro y la retirada de los subsidios a los productos energéticos, que incitó violentas protestas en noviembre pasado, hicieron que una de las principales demandas de los electores sea una solución a la situación económica.
Crisis y corrupción
En la escuela de secundaria Mohamed Shuraiqui, del barrio de Jilda en Amán, donde parte de la población es de origen tribal (que suele acudir en mayor número a las urnas), los votantes consultados insistieron en las reivindicaciones económicas y contra la corrupción. El profesor Mohamed al Sharaide expresó su deseo de que el nuevo Parlamento «luche contra la corrupción, reduzca el paro, baje los precios y logre que se acabe el conflicto social». «Espero que la cámara que elegimos se componga de nuevas caras y pocos empresarios, que solo buscan aumentar sus beneficios», dijo.
En la misma línea, el joven doctor Mahmud Alan destacó como prioridades el fin de la extendida corrupción y de los favoritismos para acceder al mercado laboral. Para lograr estos objetivos y la aceleración de las reformas políticas, Alan votó por un candidato «que reza en la mezquita».
Los 150 escaños de la Cámara baja, la única elegida por sufragio popular, ya que el Senado es designado directamente por el rey Abdalá II, fueron disputados en esta jornada por un total de 1.425 aspirantes.
Los Hermanos Musulmanes y su brazo político, el Frente de Acción Islámica, decidieron no participar en las elecciones, al igual que otros seis partidos de izquierdas y panarabistas, en protesta por la ley electoral, que beneficia a las zonas rurales y las tribus y no a los partidos.