Sentencias amañadas y compra de diputados, a 20 días de los comicios
16 sep 2012 . Actualizado a las 06:00 h.Quedan tres semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela, y si se juzga por lo acontecido en los siete días transcurridos, la campaña está centrada en una oleada de denuncias y contradenuncias sin precedentes en la historia democrática del país, que el 7 de octubre decide si le concede un nuevo período de seis años a Hugo Chávez (con el que este llegaría a dos décadas en el poder) o le da la alternativa al opositor Henrique Capriles.
El endurecimiento de la campaña electoral ha llegado en forma de acusaciones de «maletinazos» (sobornos para que pequeños partidos abandonen la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática) y vídeos lanzados desde el Gobierno en los que Juan Carlos Caldera, diputado del partido de Capriles, Primero Justicia (centroderecha) aparece recibiendo dinero de un contribuyente.
Reacción de Capriles
En unas duras declaraciones, el candidato opositor le dijo al Ejecutivo, minutos después de que un diputado oficialista lo presentara a la prensa, que «a mí no me van a arrastrar a su pantano», desvinculó a Caldera de su campaña electoral y lo separó de su aspiración a ser alcalde de Sucre, el segundo municipio más poblado de Caracas.
Horas después, el diputado cuestionado dio una rueda de prensa aceptando la sanción impuesta por Capriles, y señaló que el dinero recibido había sido para su propia campaña al ayuntamiento, además de decir el nombre de quien le proporcionó el equivalente a unos 3.000 euros. Se trata de uno de los empresarios más cercanos a Chávez, Wilmer Ruperti, un modesto intermediario marítimo que se enriqueció en el 2002 contratando buques tanqueros para exportar el petróleo venezolano, en medio de un paro de dos meses de la compañía estatal Petróleos de Venezuela que buscaba el derrocamiento del mandatario.
Corrupción en la Justicia
Y aunque el incidente parece no haber hecho mella en las aspiraciones de Capriles, según señalan analistas, sí logró tapar declaraciones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte (exiliado en Costa Rica), quien indicó, esta misma semana y en un documento notariado ante la Justicia de ese país, que Chávez le ordenó dictar varias sentencias condenatorias polémicas, que en este momento están denunciadas ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
Según el director del diario Tal Cual, el veterano político de izquierda Teodoro Petkoff, estos hechos, así como un apócrifo de un supuesto programa económico de Capriles en el que se propone eliminar algunos programas sociales, marcarán el tono de la campaña, ante la «desesperación» del Gobierno, que piensa que el opositor tiene posibilidades reales de triunfo.
La oposición ha contestado a este documento con otro, supuestamente salido del comando electoral del chavismo, en el que se insta a la destrucción de la propaganda opositora, al sabotaje de las actividades de calle del candidato aspirante, y a la «descaracterización» de la oposición a través del sistema estatal de medios.
«Peleamos contra el Estado»
El mismo Capriles, que no hace referencia a las denuncias del Gobierno, pero que en sus recorridos por todo el país se mofa del programa del candidato a la reelección y afirma que «no peleamos contra un partido, peleamos contra el Estado entero», repite en cada discurso un refrán venezolano: «Cada vez nos atacan más, porque solo al árbol que da fruto le tiran piedras».
Un top manta de objetos electorales en Caracas es más explícito: «Capriles es como el Guaire [el riachuelo-albañal que atraviesa la capital] mientras más mierda le tiran, más crece».
Una guerra sucia de siete días
El domingo pasado, adeptos al oficialismo impidieron, con bombas lacrimógenas y disparos, una marcha de Capriles en Caracas. El lunes, el diputado opositor William Ojeda denunció un documento, al parecer apócrifo, sobre un plan económico de la oposición. Lo echaron del partido. El martes, apareció otro supuesto documento, esta vez chavista, con instrucciones de ?guerra sucia? contra la oposición. El miércoles, opositores denunciaron que un ex gobernador chavista intentó sobornarlos con 200.000 dólares. El jueves, el diputado opositor Juan Caldera apareció en un vídeo recibiendo dinero de un empresario. Fue apartado de su partido. El viernes, Capriles señaló que «a partir del 7-O la política de la guerra sucia quedará desterrada del país».