El observador permanente de Reino Unido ante la OEA, Philip Barton, se defendió de las «acusaciones de que Reino Unido estaba a punto de entrar por la fuerza en la embajada de Ecuador», al considerar que «no tienen ningún fundamento», y aseguró que la nota enviada por Londres a la misión fue «tomada fuera de contexto».
La acusación expresa al Reino Unido de Ecuador, que había incluido el término «amenazas» en su propuesta de resolución inicial, se suavizó después de que México pidiera cambiar el lenguaje para hablar simplemente de la «situación» entre ambos países.
Ese texto final fue aceptado, entre otros, por Guatemala, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Perú, Paraguay, Nicaragua, México y Haití.
Cinco países se abstuvieron -Barbados, Bahamas, Panamá, Jamaica y Honduras- entre ellos tres pertenecientes a la Comunidad de países del Caribe, que normalmente vota en bloque y esta vez se dividió, ya que algunos de sus países se pronunciaron a favor, como Dominica o Vicente y las Granadinas.
Panamá se abstuvo por considerar prematuro convocar a los cancilleres y propuso «que el secretario general envíe delegaciones a Londres y Quito para determinar si la OEA como foro multilateral es un foro idóneo para tratar estos temas», una idea que sólo obtuvo el respaldo de Honduras.
Además de en la OEA, Ecuador ha logrado convocar otras dos reuniones de cancilleres, las de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se encontrarán este fin de semana en Guayaquil para analizar el asunto.
Londres sostiene que es su obligación legal entregar a la fiscalía sueca al «exhacker» australiano, quien asegura ser objeto de una persecución en distintos países que podría acabar con su condena a muerte en Estados Unidos.
