Cristina Fernández acusó al periodista Marcelo Bonelli, del grupo Clarín, que mantiene una dura disputa con el Gobierno, y a otros colegas de haber recibido sobornos por parte de Repsol cuando estaba unido a YPF.
En un discurso, transmitido el jueves por la cadena nacional, la presidenta afirmó que «Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido; nunca acostumbro (...), pero lo tengo que hacer, porque cuando uno llegó a YPF se encontró que desde el año 2008 un familiar suyo, su mujer, y un socio, recibían de Repsol por año 43.000 euros en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos. Seguramente algún servicio deben haber prestado y que han cobrado del 2008 a la fecha 180.000 euros; en realidad vamos a decirlo claro y concreto: desde que ingresamos a la compañía se pagaban unos dos millones de euros por año en publicidad no convencional». Para la viuda de Kirchner, la petrolera española sobornaba periodistas por esa cifra, e insinuó que ahora Bonelli hablaba contra YPF «porque no le renovamos el contrato».
La jefa de Estado aprovechó entonces para pedir «una ley de ética pública para el cuarto poder de una vez por todas en Argentina, para saber si quienes manejan la información pública reciben dinero de alguna empresa», aunque aclaró, con el tono irónico que usa en estos casos, que el Gobierno no promoverá una iniciativa para tal fin.
Lo que motivó la furia de Cristina fue la información de Bonelli sobre que Miguel Galuccio, ingeniero de YPF, había presentado su renuncia y que no se la habían aceptado. El periodista, contestó que lo de la presidenta es un intento de «amedrentar a través del escrache (palabra usada para definir la denuncia pública con fines políticos) para que los periodistas no publiquen información. Y por otro lado todos mis ingresos están declarados ante Hacienda».