Los ministros paraguayos de Franco juran el cargo y Lugo crea un gabinete paralelo

t. l. asunción / Afp

INTERNACIONAL

26 jun 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Paraguay amaneció ayer con dos gabinetes, -el oficial del presidente Federico Franco y el del destituido Fernando Lugo-, aislado en Latinoamérica y con focos de protesta crecientes.

Lugo anunció que dará continuidad a su grupo de ministros al estilo de un gabinete a la sombra del oficial, para monitorear sus actividades. Con ellos se reunió en la sede del Partido País Solidario, integrante de la coalición que lo respaldaba en el poder. Entre los ex ministros se encontraban el que fue canciller, Jorge Lara Castro, y el del Interior, Carlos Filizzola, cuyo recambio tras la matanza de Curuguaty -17 muertos- generó la actual crisis política.

Franco, por su parte, tomó juramento a varios ministros. Entre ellos, el de Exteriores, José Félix Fernández Estigarribia (Partido Liberal), y el del Interior, Carmelo Caballero (Partido Colorado). Y no confirmó quién asumirá Hacienda.

En el plano externo, la situación de Paraguay se complica más, no solo por la retirada retirada o llamada a consulta de los embajadores de casi todos los países de la región, sino también porque será Lugo quien asista a las cumbres de Unasur, mañana en Lima, y a la del Mercosur, el jueves y viernes en Argentina.

Lugo indicó que que en Unasur entregará de forma anticipada la presidencia del bloque al peruano Ollanta Humala, mientra que Mercosur suspendió la participación de Paraguay en la cumbre. El nuevo ministro de Exteriores paraguayo advirtió a Lugo de que si acude a ese foro puede ser sancionado.

El Tribunal Supremo desestimó ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por Lugo contra el «juicio político» que terminó con su destitución.

Por su parte, el Gobierno español, que el viernes reaccionó con tibieza, manifestó ayer que apoya a Mercosur y Unasur en la gestión de la crisis y subrayó su «preocupación» por la «debilidad» de las garantías procesales en la destitución.

EE.UU., cuyo embajador fue el primero en visitar al nuevo presidente, giró ayer y lamentó «la rapidez del proceso utilizado para este juicio político», según la portavoz de Estado, Victoria Nuland.