El controvertido texto, que debía ser votado por el Parlamento, provocó la dimisión del secretario de Estado de Sanidad.
14 ene 2012 . Actualizado a las 20:07 h.Cientos de personas celebraron en las calles de Bucarest la renuncia del Gobierno rumano a sus planes de reforma de la sanidad pública, que preveía dar entrada al sector privado en importantes partes del sistema, incluidas las urgencias. El anuncio gubernamental se produjo el viernes por la noche, poco después de que el presidente rumano, Traian Basescu, partidario de la ley de reforma, pidiera públicamente que se retirara el proyecto.
«Nadie dentro del sistema quiere este cambio», explicó Basescu su decisión. Añadió que una gran parte de la opinión pública «no quiere el cambio del sistema de sanidad». El proyecto de ley estaba en fase de debate público hasta el 28 de enero y pretendía subcontratar aspectos del sistema sanitario. El controvertido texto, que debía ser votado por el Parlamento, provocó la dimisión del secretario de Estado de Sanidad, el respetado médico de origen palestino Raed Arafat.
Creador de la estructura de los actuales servicios de urgencias médicas de Rumanía, Arafat denunció que la entrada de diversos operadores privados contemplada por la reforma destruiría un «sistema integrado». «La misión de salvar vidas sería sustituida por una competición comercial», declaró Arafat a un canal de noticias local. Cientos de personas se concentraron en ciudades de todo el país en apoyo del dimitido, a quien Basescu acusó en un programa de televisión de tener «visiones izquierdistas», tras invitarle a marcharse si no estaba de acuerdo con el ministro de Sanidad.
La marcha atrás del Gobierno y el presidente en sus planes de reforma es la primera rectificación de las autoridades rumanas en tres años de duras políticas de austeridad, seguidas de protestas sociales. Las manifestaciones contra la reforma y a favor de Arafat son menos numerosas que las que provocaron el recorte en un 25 % de los sueldos públicos o el proyecto de bajar las pensiones, finalmente rechazado por el Tribunal Constitucional.
Pero frente a la rígida uniformidad sindical de las protestas que en el 2010 llegaron a reunir a 50.000 personas en Bucarest, las manifestaciones que todavía siguen se reparten por todo el país y son espontáneas, como demuestran las pancartas hechas a mano y la diversidad en la indumentaria de los asistentes.
La diferencia quizá esté en el doctor Arafat, una figura admirada por su trabajo y mucho más atractiva que el romo discurso de unos sindicatos bajo permanente sospecha de corrupción. «Necesitamos más gente como él, sin ser rumano ha hecho más que nadie por este país», dijo un jubilado presente la manifestación en Bucarest acerca del médico nacido en 1964 en Nablús y emigrado a Rumanía a los 16 años.
Tras la retirada de la ley, la pelota vuelve a estar ahora en el tejado del Gobierno, que deberá resolver el «agujero negro para el presupuesto» que, en palabras de Basescu, es la sanidad pública. La sanidad rumana se enfrenta a graves problemas de infraestructuras, especialmente en el medio rural. Los bajos salarios de los médicos les empujan a cobrar sobornos para tratar a los pacientes y a emigrar masivamente a otros países o abrir gabinetes privados.
El mal funcionamiento de la sanidad pública es una de las primeras frustraciones de los rumanos.
El Gobierno debe dar ahora una nueva respuesta a todos los problemas de un sistema que ni es eficaz ni es sostenible.