El fundador de WikiLeaks no será extraditado de momento a Suecia, país que le reclama en relación con varios delitos sexuales.
05 dic 2011 . Actualizado a las 20:47 h.El Tribunal Superior de Londres autorizó hoy al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, a recurrir ante el Tribunal Supremo contra su extradición a Suecia, país que le reclama en relación con varios delitos sexuales.
La Fiscalía sueca acusa al fundador de WikiLeaks de tres delitos de agresión sexual y uno de violación tras la denuncia de dos mujeres, que aseguraron que los hechos ocurrieron en agosto del 2010, pero Assange dice que este proceso esconde razones políticas porque el portal reveló documentos confidenciales del Gobierno de EE.UU. Los jueces del Tribunal Superior han considerado que el caso de Assange es de «importancia pública» por lo que debe ser atendido por la máxima instancia judicial británica «lo antes posible».
El informático, que el próximo miércoles cumplirá un año de su detención en Londres, acudió personalmente hoy al Tribunal Superior para solicitar el permiso para apelar al Supremo. El pasado noviembre, dos jueces del Tribunal Superior rechazaron la apelación que había presentado Assange contra la decisión tomada en febrero por una corte inferior para que fuera entregado a Suecia.
El creador de WikiLeaks lleva meses viviendo en una mansión en medio de la campiña del este de Inglaterra como parte de sus condiciones de libertad condicional. En noviembre, el Tribunal Superior rechazó el recurso de Assange contra la decisión del juez Howard Riddle, del tribunal de Belmarsh (sur de Londres), que había autorizado en diciembre del 2010 su entrega a Suecia.
La defensa de Assange alega que su entrega sería «injusta e ilegítima» y opina que el proceso judicial está alentado desde Estados Unidos, el país más perjudicado por la publicación de los cables confidenciales a través del portal que fundó.
WikiLeaks reveló durante meses miles de documentos confidenciales de las embajadas de EE.UU., publicados en varios periódicos, lo que provocó la reacción del Gobierno de ese país y también de muchos otros que se veían comprometidos por el contenido de los cables.