El país de origen del reo califica la ejecución de un claro desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
08 jul 2011 . Actualizado a las 10:10 h.El reo mexicano Humberto Leal fue ejecutado ayer por la noche (hora española) en Texas tras la negativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por cinco votos frente a cuatro, a detener su muerte en una decisión que el Gobierno de México condenó «en los términos más enérgicos».
El silencio del gobernador de Texas, Rick Perry, que pudo haber concedido una suspensión de 30 días pese al fallo del máximo tribunal estadounidense, allanó el terreno para una ejecución que trató de impedir incluso la Casa Blanca. Leal fue declarado muerto a las 6.21 local (23.21 GMT) en la prisión de Huntsville, la más antigua de Texas y donde el estado lleva a cabo las ejecuciones. Su muerte tuvo lugar diez minutos después de que comenzase a fluir la inyección letal. «Lamento todo lo que he hecho, todo el daño que he ocasionado a mucha gente», afirmó el condenado durante sus últimas palabras.
«Por años no pensé que merecía ningún tipo de perdón. Me responsabilizo totalmente por esto», añadió el ejecutado originario de Monterrey, condenado a la pena capital en 1994 por la violación y asesinato de Adria Sauceda, de 16 años. Poco antes de morir se dirigió a los familiares de la víctima a los que dijo lamentar todo el daño que les había ocasionado. «Por favor perdónenme. Siento lo que hice, pido su perdón», indicó, para dirigirse a continuación al fiscal a quien también pidió perdón. Tras gritar dos veces «Viva México», dijo a los guardias estar «listo» y los invitó a hacer «que el espectáculo continúe».
Leal recibió esta mañana las últimas visitas de sus amigos y de sus cuatro hermanos, que estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos, dotada de cristales blindados, que separan a los reos de los visitantes. El reo eligió como última cena tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca colas. Sandra Babcock, que encabezaba la defensa de Leal, dijo a Efe que «EEUU no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley». La abogada indicó que el reo mexicano fue ejecutado «a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados». Añadió que de haber contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal «habría tenido una oportunidad real de probar que no era culpable de asesinato». La letrada indicó que la lucha no ha concluido y ahora se enfoca en el resto de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
México calificó hoy la ejecución de un «claro desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)» en el «Fallo Avena» de 2004 que ordenó la revisión y consideración judicial del veredicto y la pena impuesta.
En agosto del 2008, la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín fue pospuesta más de tres horas hasta que el Tribunal Supremo en un voto muy ajustado se decidió por la muerte. La Corte Suprema indicó en aquella ocasión que, para detener las ejecuciones de mexicanos, los legisladores debían aprobar una norma con los mecanismos necesarios para obligar a los estados a cumplir con el «Fallo Avena». La CIJ ordenó en 2005 a Estados Unidos la revisión de los casos de 50 mexicanos condenados a muerte. El fallo de esta corte se basaba en que Estados Unidos incumplió en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos su derecho a recibir asistencia consular.
Las autoridades de Texas se niegan a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de EEUU y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.
El Gobierno de México y los abogados de Leal presentaron el pasado 28 de junio un recurso «amicus curiae», con el argumento de que no se debe permitir al estado de Texas pasar por encima de los derechos constitucionales del reo.
Leal llegó a Estados Unidos de niño y trabajaba como mecánico en San Antonio (Texas) cuando tuvo lugar el asesinato. Según Amnistía Internacional, desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas, y hay más de 3.300 condenadas a muerte.