El Líbano afronta una nueva crisis tras las órdenes de arresto contra al menos dos miembros de la milicia chií
01 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Líbano parece abocado a una nueva etapa de inestabilidad y de tensiones sectarias tras la imputación del grupo radical chií Hezbolá en el atentado con coche bomba que acabó con la vida del ex primer ministro Rafic Hariri en febrero del 2005, por parte del tribunal especial respaldado por la ONU para investigar el asesinato. Una prueba de lo que se avecina: el Ejército libanés recibió la orden de desplegarse por las calles de Beirut.
El fiscal general libanés, Said Mizra, recibió de manos del miembros del Tribunal Especial para el Líbano (TEL) un acta de acusación sellada y cuatro órdenes de arresto. Poco después, medios locales e internacionales y algunas fuentes judiciales difundieron los nombres de cuatro acusados, al menos dos de ellos miembros de Hezbolá: Mustafá Badredine y Selim Ayash, Asad Sabra y Abdel Magid Gambush. Las autoridades tienen 30 días para responder a la acusación.
Badredine es el comandante de operaciones de Hezbolá, cargo que ocupaba su cuñado Imad Mughniyeh hasta que murió en un atentado en Damasco en el 2008. La acusación, según la edición libanesa del diario británico Daily Star, asegura que Badredine planeó y supervisó el plan para matar a Hariri, mientras que Ayash, que tiene la doble nacionalidad estadounidense y libanesa, lo llevó a cabo. Nada se ha filtrado de la implicación de los otros dos acusados.
Amenazas
El acta de acusación era esperada desde hace meses, y el dedo acusador siempre apuntó a Hezbolá, organización integrista con una potente guerrilla y un brazo político, y a los países que lo apoyan: Siria e Irán. Su líder, Hasán Nasralá, siempre ha negado haber tenido papel alguno en la muerte de Hariri.
Saad Hariri, hijo del ex premier asesinado y actual jefe de la oposición, consideró la decisión del TEL como un «momento histórico» después de «muchos años de paciencia y lucha» e instó al Ejecutivo a respetar las resoluciones internacionales.
La decisión es un desafío para el Gobierno de Najib Mikati, dominado por Hezbolá y sus aliados. El primer ministro se enfrenta a unas demandas irreconciliables: por un lado, los seguidores de Hariri, que le exigen que cumpla con lo decidido por el TEL y, por otra, su socio mayoritario, que hace unos meses advirtió que «cortaría la mano» a quien intente detener a algún mimbro de Hezbolá. Mikati se apresuró a pedir calma. «El acta de acusación no es el veredicto», dijo.
El atentado de Rafic Hariri sumió al Líbano en una grave crisis política y en enfrentamientos sectarios que pusieron al país al borde de una nueva guerra civil.