El Tribunal Penal Internacional ordena la detención de Gadafi

T. Burmeister, F. Heller LA HAYA / DPA

INTERNACIONAL

La decisión abre el debate en la OTAN sobre quién y cómo lo apresará

28 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya emitió ayer órdenes de arresto contra Muamar el Gadafi, su hijo Saif al Islam, y su cuñado y jefe de la Inteligencia, Abdulá al Senusi, por crímenes contra la humanidad cometidos durante las revueltas contra el régimen libio. Cuando se cumplen cien días de los bombardeos de la OTAN, el TPI convierte a los tres en prófugos de la justicia internacional y, por tanto, susceptibles de ser detenidos y extraditados a La Haya. Gadafi es el segundo jefe de Estado perseguido por el tribunal tras el sudanés Omar al Bashir.

La jueza que preside la sala de instrucción, Sanji Mmasenono, señaló que «hay motivos para creer que los tres sospechosos cometieron los crímenes que se alegan», además de apuntar que su detención «es necesaria» para evitar que obstruyan la investigación. La jueza cumple la petición hecha el 16 de mayo por el fiscal general del TPI, Luis Moreno Ocampo, que acusa a los tres de planear la represión: Gadafi, como «autoridad absoluta», su hijo como «primer ministro de facto» y Al Senusi como «mano derecha» y ejecutor. En el caso de Saif, Ocampo aseguró que cuentan con pruebas irrefutables de que reclutó a mercenarios, algunos de ellos europeos.

Poco después de conocerse la noticia, en los feudos anti Gadafi de Bengasi y Misrata la gente salió a la calle para mostrar su alegría. «Ahora ya no hay sitio donde pueda esconderse», dijo un portavoz rebelde.

Desde la sede de la OTAN, su secretario general, Anders Fogh Rasmussen, aseguró que las órdenes de arresto «refuerzan la razón» de la misión aliada en Libia y «demuestran que el tiempo [de Gadafi] se agota».

Nuevo debate

Dado que el TPI no dispone de una fuerza policial, depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de las órdenes de arresto. Con estas, el tribunal abre un nuevo frente para el debate jurídico y político en el seno de la OTAN: ¿quién se atreve a detener a Gadafi y, sobre todo, en base a qué fórmula jurídica? Oficialmente, los principales actores de la ofensiva se amparan en el estricto mandato de la resolución 1973 de la ONU, cuya misión es proteger a la población civil de los ataques de las fuerzas leales al líder libio. No obstante, su redacción es tan ambigua que algunos consideran que estaría legitimada la entrada en el país para capturar a Gadafi.

Otro asunto es si las órdenes ayudan o no a poner fin al conflicto. Fuentes diplomáticas en La Haya creen que podrían entorpecer una salida negociada, ya que Gadafi no estará dispuesto a exiliarse, ya que oficialmente es un presunto criminal de guerra en busca y captura. Francia reveló el domingo que representantes del régimen y de los rebeldes mantienen contactos sobre el futuro del coronel.

Estas órdenes no garantizan la detención, como en el caso del presidente Al Bashir, que sigue gobernando pese a ser acusado por crímenes en Darfur.